- ¿Cuánto de verdad tiene lo dicho por el presidente Pedro Castillo ante la OEA, al referirse a los casos de corrupción y número de corruptos “exportables” en nuestro país?
- Analista Político asegura que, en la actualidad, el país requiere de inversión extranjera que incremente los ingresos y no ahuyentar a los posibles empresarios
El pasado 21 de setiembre, el presidente Pedro Castillo compareció ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, y dijo lo siguiente: “Asumiendo el mandato en el país, nos hemos comprado este pleito para acabar con las desigualdades, con este gran flagelo de la corrupción. Como cada país, hay corruptos, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar. Esa es nuestra lucha porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan, le ha quitado muchos beneficios a la población”.
El Analista Político, César Campos, asegura que estas expresiones han traído polémica por considerar imprudente que Castillo dibuje una imagen del país nada atractiva, en momentos que requerimos atraer capitales extranjeros y destacar los sólidos fundamentos macroeconómicos. “Lo dicho por el presidente Castillo tiene veracidad, aunque él mismo también debe revisar los casos de corrupción en su entorno político», advierte.
Es importante por su parte, cuestionar y preguntarse si lo manifestado por el presidente carece de base en la realidad. “El saldo del escándalo Lava Jato y los centenares de investigaciones, destapes, reportajes, detenciones preventivas, entre otros, ha mejorado la conducta de las personas e instituciones públicas y privadas. Si hoy existe menos corrupción y más transparencia. En suma, si en el Perú su “corruptómetro” registra un descenso de actividades ilícitas y arreglos bajo la mesa”, agregó el especialista.
Así mismo enfatiza, que, en la clase política, a diario se revelan actos de corrupción atribuidos a diversas autoridades regionales y municipales, cuyas casas u oficinas son allanadas bajo el supuesto que han delinquido en plena pandemia del COVID-19. Las detenciones preventivas continúan, pero las autoridades judiciales no avanzan en la acumulación de pruebas acusatorias como para abrir procesos a los imputados. Y en el área de los arbitrajes (Cámara de Comercio de Lima, Pontificia Universidad Católica, AMCHAM, entre otros) participan abogados de los estudios investigados en el caso Lava Jato o no hay esmero para detectar conflictos de intereses.
Entonces, ¿qué indica el “corruptómetro” peruano? Que nada ha cambiado, que todo sigue igual y que, muy triste aceptarlo, lo dicho por el presidente Castillo tiene veracidad, aunque él mismo también debe revisar los casos de corrupción en su entorno político.
