Hemos tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación sobre el acta firmada por la Primera Ministra en la ciudad de Cora Cora, de los mensajes publicados en sus redes sociales, y en las redes de la propia Presidencia del Consejo de Ministros, donde se anuncia que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración, así como el retiro y cierre de las operaciones de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, entre las cuales se encuentran las dos minas que opera nuestra empresa en el Perú (Pallancata e Inmaculada).
Al respecto, debemos señalar lo siguiente:
- La decisión de la Primera Ministra constituye no solo un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país, sino que, de concretarse, sería un acto absolutamente ilegal, pues se estaría desconociendo el estado de derecho y todos sus principios, además de dejar a miles de peruanos sin trabajo y a sus familias sin el sustento necesario para vivir.
2. Rechazamos categóricamente que nuestras operaciones contaminen el medio ambiente. Nosotros operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. Además, ejecutamos nuestras actividades en cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente y contamos con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo dichas actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados.
3. Nuestra actividad es altamente regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”), la Autoridad Nacional del Agua (“ANA”), entre otros organismos.
4. Nuestra empresa da trabajo a más de 5,000 peruanos de forma directa y aproximadamente 40,000 peruanos de forma indirecta. Asimismo, trabajamos de manera permanente con las comunidades de nuestras áreas de influencia social, implementando, no sólo proyectos de desarrollo social, sino también proporcionando trabajo local a través de la contratación de personal y de servicios especializados.
5. Hacemos un llamado a la Primera Ministra para que aclare a la opinión pública los alcances reales del acta suscrita en Cora Cora y, además, reconsidere la posición ilegal adoptada. Igualmente, pedimos a las distintas instituciones públicas y privadas que se pronuncien y no permitan que este atropello al Estado de Derecho se concrete.
