Como representantes de los sectores aeronáutico, turístico y de comercio exterior, nos unimos para defender los intereses del país y de todos los peruanos, buscando que la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – AIJCH se lleve a cabo tal y como está especificada en su contrato de concesión, con UN ÚNICO GRAN TERMINAL.
En línea con eso, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) velar por la legalidad de todos los actos vinculados al contrato de concesión del AIJCH conforme ha solicitado la Contraloría General de la República (CGR) declarando nula el Acta de Acuerdos firmada con Lima Airport Partners (LAP) la cual carece absolutamente de fuerza legal vinculante, pues un simple acta no puede modificar los términos señalados expresamente en el contrato de concesión; documento que, como máximo instrumento sobre esta materia, establece que la principal obligación del concesionario es construir un único gran terminal.
Recordamos que la propuesta de LAP de operar con dos terminales no ha demostrado ser beneficiosa para la conectividad aérea del país, ya que impactará negativamente en el desarrollo de las operaciones del aeropuerto, implicando:
- Menos infraestructura nueva y moderna, pasando de una edificación nueva con un área funcional de 116,000 m2 a una de solamente 51,050 m2.
- Una ampliación menos eficiente que involucra continuar operando un terminal construido en 1965 y añadir uno de menor capacidad, generando complicaciones operacionales, lo que se aleja del aeropuerto “de primera” prometido,
- Fuertes afectaciones en la experiencia de viaje de los pasajeros y en las operaciones aeroportuarias, ante falta de soluciones adecuadas para conectar los dos terminales propuestos.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación frente a las últimas insinuaciones de posibles nuevos retrasos en la entrega del nuevo terminal de pasajeros, sustentados en situaciones que no generan impacto real en la construcción y que son fácilmente corregibles por la autoridad. Las obras de ampliación no pueden verse paralizadas ni retrasadas, como viene ocurriendo desde hace varios años, y cualquier demora constituiría un incumplimiento al Contrato por parte de LAP.
Las autoridades tienen el deber de defender los intereses del Estado, trabajando para que los peruanos y peruanas obtengan el mayor beneficio para su desarrollo: un aeropuerto de primera con un único gran terminal. ¡No nos conformemos con menos de lo que nos corresponde!
