La convulsión social marcó al Perú entre los últimos meses del 2022 e inicios del 2023. Las protestas, que se concentraron en Lima y el sur del país, dejaron como lamentable saldo a 58 víctimas mortales y más de un millar de heridos. Para entender las causas de estas manifestaciones, que devinieron en actos violentos e ilícitos, y proponer mejoras a la respuesta del Estado, IPAE Acción Empresarial organizó el evento virtual CADEx “Desafíos en el manejo del orden público en los conflictos sociales”.
El espacio contó con la participación de Carlos Basombrío, investigador y consultor en temas de seguridad y Policía; y Amalia Ruiz, Gerente senior de Gestión Social, HSE y Seguridad Patrimonial de Transportadora Gas del Perú (TGP). La conducción del evento estuvo a cargo de Franco Olcese, Socio del Centro Wiñaq.
Para contextualizar la situación, Olcese empezó por explicar los detonantes de las protestas. Entre su pliego de reclamos, los manifestantes exigían la salida de la presidenta Dina Boluarte, la implementación de una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso y la liberación y reposición del exmandatario Pedro Castillo, que cayó del poder tras un fallido intento de golpe de Estado.
“Sin embargo, estos eventos que experimentaron un pico en enero y febrero de este año no se lograron mantener en el tiempo. Para abril, todos los efectos que podíamos visualizar sobre esta movilización para efectos prácticos ya habían desaparecido. Lo mismo podemos ver acerca de sus causas”, detalló Olcese.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en enero el 86,68% de las protestas a nivel nacional respondían a demandas relacionadas con la crisis política nacional y las exigencias detalladas anteriormente. En cambio, para abril no solo el número de protestas disminuyó significativamente (con solo 256 conflictos activos tras los 1261 registrados en enero), sino que también sus razones cambiaron. Apenas el 18,75% de las manifestaciones tuvieron como detonante la crisis política.
Tras esta contextualización, Carlos Basombrío recalcó que es fundamental distinguir entre las protestas políticas y las manifestaciones sociales que se dan en el país. “Lo que hemos vivido entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 son protestas políticas inéditas en el Perú. Pero esto no es lo que marca la vida cotidiana del país: las protestas sociales, que se caracterizan por tener una demanda concreta, actores visibles, poca o mucha capacidad de diálogo y búsqueda de soluciones concretas”, afirmó Basombrío.
Durante estos actos de protesta se suelen dar dos problemas simultáneos. Por un lado, la intención de dejar actuar a los manifestantes, respetando su derecho fundamental a la protesta, incluso cuando esta caiga en hechos delictivos e ilícitos. Por otro, la decisión del Estado de recurrir al exceso de la fuerza sin la debida evaluación y preparación. Ambos extremos son violatorios a los derechos de las personas y afectan la convivencia pacífica en una sociedad democrática.
Para solucionar esta problemática, Basombrío compartió una serie de medidas que coinciden con la Propuesta IPAE “Manejo del orden público en conflictos sociales y políticos”, de la cual es autor, cuyo objetivo es proponer mejoras en el manejo del orden público en situaciones de conflicto.
Entre estas propuestas de mejora, el exministro del Interior resaltó tres: (I) No se puede confundir el rol del mantenimiento del orden público en conflictos sociales o políticos, con la solución a esos problemas. Es decir, la Policía no puede solucionar problemas que tienen orígenes económicos, políticos y sociales; (II) Es tarea del gobierno entender, prevenir, anticipar y manejar las situaciones de potencial crisis, antes de caer en actos violentos; (III) La participación de la PNP es la última opción; previamente el diálogo debería primar.
Por su parte, Amalia Ruiz se enfocó en el impacto económico de estas manifestaciones violentas. Así, recordó que de acuerdo con estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), las violentas manifestaciones en el país frenan la inversión pública de por lo menos 14 regiones por un total de S/ 64,4 millones diarios. Además, detalló que los costos de la conflictividad social alcanzan los S/ 2.150 millones y que son tres las regiones donde se concentran las principales pérdidas económicas: Cusco, Madre de Dios y Puno.
Entre sus recomendaciones destacó: (I) Trabajar con un enfoque multiactor y exigir la presencia del Estado; (II) Exigir que los distintos actores de la protesta trabajen de la mano con las empresas y pongan una contraprestación, por pequeña que esta sea; (III) No ceder al chantaje, así la empresa tenga una necesidad operativa muy compleja; (IV) Tejer una red de conexiones en todas las capas de la pirámide social; (V) Hacer trabajos de proyección social con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas para que se entienda el orden público como parte del bienestar y no como un aspecto coercitivo; (VI) Trabajar de manera constante con matrices de actores, quejas e insatisfacciones de la población.
Para ver la presentación, puedes ingresar aquí: https://www.facebook.com/PERU.IPAE/videos/1307276339995420
