- Esta es una situación preocupante, considerando que la inversión inmobiliaria es uno de los motores que puede mejorar la economía del país, más aun en este entorno recesivo que actualmente afrontamos. Se requiere mayor apertura de los alcaldes para facilitar la inversión inmobiliaria y reactivar la economía.
- Existen proyectos con aprobaciones y permisos que cumplen con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible que han sido paralizados bajo excusas que se pueden considerar barreras burocráticas o incluso en algunos casos llegarían a convertirse en extorsiones o potenciales espacios de corrupción.
Debido a la oposición de algunos distritos, se han paralizado casi 400 proyectos inmobiliarios por un valor de US$ 1500 millones, según información de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).
“Es preocupante, considerando que la inversión inmobiliaria es uno de los motores que puede mejorar la economía del país, más aun frente a la recesión que afrontamos. Los alcaldes de los distritos deben esclarecer por qué bloquean proyectos que tienen todos los permisos y, por otro lado, aprueban o permiten operar proyectos que tienen las mismas características o incluso cuestionamientos válidos. Con respecto a lo que se conoce como “Vivienda de Interes Social” (VIS), el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en junio de este año 2023 y si bien, a partir de ahora la norma tendrá varios cambios, no se puede atentar contra proyectos que tenían licencias aprobadas y cumplían con todos los parámetros. La ley no puede aplicarse hacia atrás, se aplica hacia el futuro. El mismo Tribunal lo dijo, no se puede retroceder al estado anterior a este modelo de vivienda”, mencionó José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).
Beteta resaltó positivamente los comentarios brindados recientemente por Hania Pérez de Cuellar, títular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en el CADE desarrollado en Cusco, quien afirmó: “no podemos parar por Municipios que se oponen al reglamento de vivienda social. Vamos a buscar un mecanismo de solución para que la VIS, que es uno de los principales temas en agenda”.
Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el término “Vivienda de Interés Social” debe cambiar porque en realidad se trata de una “Vivienda Asequible y Sostenible” (VAS), para jóvenes, emprendedores, familias pequeñas y con cualidades de ahorro energético y protección del medio ambiente: “Evidentemente se debe evaluar las zonas que requieren este tipo de viviendas y las municipalidades ahora tendrán nuevamente competencias en este sentido, pero todo se soluciona con diálogo abierto y transparente. Los alcaldes deben dejar que los proyectos aprobados y en regla continúen. Lo que no puede ocurrir es que la inversión privada sea chantajeada por lo bajo, por funcionarios o autoridades que inclusive al parecer estarían solicitando coimas para permitir que las construcciones reinicien”.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por su parte, tiene iniciativas para construir 136,000 viviendas en el 2024 en colaboración con el sector privado, para lo cual destacón también el papel crucial que desempeñará la modalidad de obras por impuestos en esta misión trascendental.
En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APP), Beteta comenta la importancia de esta modalidad para financiar obras de saneamiento. “Desde el MVCS indicaron que en cartera se encuentran 17 proyectos de saneamiento bajo APP con diferentes niveles de maduración en Proinversión. Creemos que la revisión y reevaluación de estas carteras son parte de la estrategia en curso, que tienen el objetivo de acelerar o eliminar procesos engorrosos y promover la inversión privada en proyectos de saneamiento” enfatizó.
La Asociación de Contribuyentes es centro de pensamiento y vocería que promueve el derecho de los contribuyentes peruanos a recibir servicios públicos de calidad a cambio de sus impuestos, vigila el desempeño del Estado y cómo usa los recursos de todos los peruanos, además de visibilizar el aporte del sector privado y la libre empresa al desarrollo del país.
