El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, señaló que una importante parte de la recientemente aprobada Ley General de Contrataciones Públicas haya recogido aportes que instituciones como la CCL hicieron para promover la transparencia de mecanismos y garantizar la libre competencia en las contrataciones del Estado. Debido a que el marco normativo podría disminuir la competencia y facilitar actos de corrupción.
Enfatizó que la Cámara propone que se lleven a cabo términos robustos que incrementen la participación de más postores y se implementen salvaguardas efectivas contra la corrupción. Sin embargo, expresó también su preocupación por la inclusión de esta disposición que no contribuye en la lucha por la transparencia y la integridad en las contrataciones del Estado.
“Se impone barreras desproporcionadas a los contratistas, particularmente a través del controversial artículo 86°, el cual les exige el pago de una contracautela elevada para solicitar medidas cautelares en disputas contractuales. Esta es un 10 % adicional al 10 % del monto del contrato que ya se da como fianza de fiel cumplimiento. Esa es una exigencia que consideramos no solo inconstitucional, sino también un obstáculo directo a la justicia y a la libre competencia”, sostuvo el abogado y líder gremial.
“Este nuevo marco legislativo -que deroga la Ley 30225- contiene una disposición que constituye una amenaza y que inclusive podría facilitar la corrupción y disminuir la competencia en el sector público”, advirtió Barrios respecto a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la cual fue aprobada en el Congreso de la República, con 91 votos a favor, el pasado viernes 10 de mayo.
Finalmente, Barrios instó a que las autoridades presten atención a la cuestionada disposición y espera que el Ejecutivo la observe con el fin de garantizar y fomentar una verdadera transparencia en las contrataciones públicas.
