El presidente de Confiep, Alfonso Bustamante Canny, refirió que se necesita modificar la ley de formalización minera y tomar acciones multisectoriales para combatir la minería ilegal.
En el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), abordó la problemática de la minería ilegal en el país y recalcó que se necesita proceder con una serie de acciones multisectoriales para combatirla, dando pase a la inversión formal en el país.
Entre las acciones clave que detalló, destaca la urgencia de fiscalizar y controlar las plantas de procesamiento de mineral, ya que la minería ilegal utiliza un circuito formal para ello. “En algún momento se utiliza un circuito formal y ese circuito pasa por estas plantas de tratamiento que reciben oro ilegal, oro del que, por lo menos, no se puede dar sustento de dónde viene. Ahí hay que ejercer la fiscalización”, precisó.
Asimismo, se refirió a la necesidad de mejorar la regulación para que permita formalizar a la minería artesanal, de la mano con fiscalización y control policial.
“Claramente, la ley de formalización necesita ajustes. No es lógico que coexistan en el mismo país una regulación de primer mundo para un grupo de minería formal, que cumple con los estándares globales, y del otro lado, básicamente, con una declaración jurada que dice que me voy a portar bien, que es el Reinfo, y eso da pie a que se expanda esa actividad y que se le saque la vuelta”, afirmó.
Más fiscalización
El titular de Confiep también hizo mención del sistema financiero, el cual debe monitorear e investigar por qué una empresa de micro o pequeña minería está moviendo grandes cantidades de dinero.
De igual manera, indicó que se debe profesionalizar y capacitar a los funcionarios de las direcciones regionales de minería (DREM). Dado que se les transfirió a los gobiernos regionales parte de las atribuciones vinculadas a la minería artesanal, hay que ayudarlos a ejercer su labor de manera más eficiente.
“Tenemos que hacer un trabajo articulado. La inteligencia de las fuerzas policiales tiene que reactivarse y ese es el pedido que venimos haciendo porque es fundamental para el país aprovechar estos ciclos (de inversión), pero aprovecharlos bien, que no nos lo tomen los ilegales”, señaló.
Repercusiones de la minería ilegal
Para poner en contexto de cómo ha crecido esta actividad ilícita, Bustamante Canny explicó que, según los reportes oficiales, el país produce tres millones de onzas de oro, pero por la frontera y por aduana salen cinco. Además, el vecino país de Bolivia, sin producir oro, ha exportado alrededor de un millón de onzas de oro, el cual procede de la minería ilegal que sale por Puno.
Entre los peligros que acarrea esta actividad se refirió a la desprotección de quienes laboran en ella y la violencia que desencadena tanto para la ciudadanía como para diversas empresas formales, con el uso de armas y explosivos para lograr el control territorial. Aparte de la contaminación que ocasiona.
