Darío Zegarra apuntó al desarrollo territorial como una solución efectiva para el cierre de brechas y disminución de conflictos sociales.
Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que la conflictividad social genera incertidumbre y retrasos a la inversión. Así también, que este asunto responde principalmente a la falta de oportunidades de desarrollo que existen en el interior del país, por lo que es necesario impulsar el desarrollo territorial.
“En el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas vemos que a nivel nacional hemos crecido 60%; sin embargo, hemos crecido de manera desigual. Este crecimiento desigual nos ha generado una conflictividad, porque a las personas que están a pocos kilómetros de donde están desarrollando o podrían desarrollar estos proyectos (mineros) no terminan de hacerles sentido los números macro de economía nacional”, explicó.
Además, durante su participación en la I Cumbre de Minería Responsable y Desarrollo Territorial, indicó que, junto a un grupo de colegas, se identificó un círculo vicioso en el que el país caía al tratar de resolver la conflictividad con trámites.
“Habíamos tratado de resolver la conflictividad con tramitología y la tramitología no había logrado resolver la conflictividad. Más permisos, más firmas, no eran necesariamente menos conflictos, en muchos casos aumentaban los conflictos, la frustración aumentaba. Y sigue aumentando”, apuntó.
Por ello, afirmó que la propuesta de desarrollo territorial traería una solución de fondo a este tema, para la cual se requiere la participación de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo: el Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil.
Como parte de ello, describió que las empresas mineras deben actuar como catalizadoras y promotoras de la gobernanza territorial para el desarrollo territorial. También, que se elabore una política nacional de diálogo y gestión de conflictos sociales y un sistema nacional que garantice su implementación. Asimismo, que se impulse la participación activa de las universidades regionales y otros actores del sector del conocimiento.
