Se han vendido 90,000 unidades de coches eléctricos, con Brasil, México, Costa Rica y Colombia liderando el mercado según el IV Informe OBS: Movilidad Eléctrica. Situación actual, objetivos y retos a abordar.
En el marco de la transición hacia una movilidad más sostenible, Perú ha impulsado el crecimiento de la movilidad eléctrica como una solución clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este progreso trae consigo importantes desafíos ambientales y sociales, especialmente en la gestión de los recursos hídricos y el impacto de la minería de litio, mineral crucial para las baterías de vehículos eléctricos.
En la transición hacia la movilidad eléctrica a nivel regional, la industria de vehículos eléctricos ha crecido considerablemente tanto en Perú como en el resto de Latinoamérica. Según el IV Informe OBS: Movilidad Eléctrica. Situación actual, objetivos y retos a abordar, la colaboradora de la escuela May López expone que “la movilidad eléctrica se ha convertido en una prioridad en América Latina. Se han vendido 90,000 unidades, con Brasil, México, Costa Rica y Colombia liderando el mercado”. Sin embargo, el informe también destaca que uno de los principales retos es la infraestructura para la recarga de vehículos, un aspecto en el que se necesita mayor inversión pública y privada.
El desafío del litio y su impacto en los recursos hídricos
El litio, componente fundamental de las baterías de todos los dispositivos tecnológicos que usamos, ha sido un tema de controversia en la región debido a los impactos ambientales de su extracción. Estudios han mostrado que el proceso de extracción de litio requiere grandes volúmenes de agua, lo que puede causar una disminución de los recursos hídricos locales. En zonas como los salares de Argentina y Chile, que son grandes productores de litio, según Wetlands International, se ha registrado el uso de hasta 2 millones de litros de agua por tonelada de litio extraído, afectando el acceso al agua dulce y desplazando comunidades locales.
Según López, “en el 2023, las reservas de litio en Chile ascendieron a 9,3 millones de toneladas métricas, las mayores del mundo. Las baterías representan la mayor parte del uso final del litio y se prevé que la demanda mundial de litio alcance el millón de toneladas métricas en el 2025 y supere los dos millones de toneladas en el 2030”.
Según el estudio Mineral Commodity Summaries, realizado por el U.S. Geological Survey, el Perú tiene un gran potencial para la explotación del litio, con 880 mil toneladas de litio que, debido a los recursos estimados (calculados antes de la exploración de yacimientos), lo convierte en un actor relevante del sector minero. Según May López, colaboradora de la OBS Business School, «es fundamental que el país implemente estrictas regulaciones ambientales para garantizar que el avance hacia la movilidad eléctrica no comprometa sus ecosistemas, especialmente en lo que respecta al agua, un recurso cada vez más escaso».
Regulaciones para el manejo de los recursos en la transición energética
Según López, este es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta en este proceso de transición energética, con respecto a la movilidad eléctrica, y expone, “el nuevo reglamento europeo sobre pilas y baterías y sus residuos; Ley sobre la industria de cero emisiones netas; la Ley Europea de Materias Primas Críticas; la propuesta de la Comisión Europea de revisión de la normativa sobre los requisitos de circularidad en el diseño de vehículos y su gestión al final de su vida; o la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas, también conocida como CSDDD o CSD3 por sus siglas en inglés, garantizarán el menor impacto durante el ciclo de vida del vehículo y de sus componentes y la sostenibilidad -no solo ambiental en la cadena de actividad”. El reglamento europeo y las fijaciones regulatorias serán un punto de partida para todos los países de Latinoamérica que permita cuidar los recursos naturales y continuar el paso hacia el cumplimiento de los ODS.
Ventajas ambientales de la movilidad eléctrica
Según la experta de OBS, “cuando analizamos el impacto ambiental de la movilidad eléctrica no podemos limitarnos a las emisiones de CO2 o la calidad del aire. Es esencial observar todo el ciclo de vida del vehículo, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final de las baterías. Los estudios revelan que, a lo largo de su vida útil, un vehículo eléctrico tiene un menor impacto ambiental en comparación con su contraparte de combustión interna. Esto incluye un análisis exhaustivo de dónde provienen las baterías, bajo qué condiciones se extraen los materiales y cuál es la vida útil de estos componentes, que puede superar los 15 años”.
La movilidad eléctrica en Perú promete ser un pilar de la transición energética, pero es crucial que el desarrollo de esta tecnología esté alineado con prácticas sostenibles que minimicen su impacto ambiental.
López concluye que “actualmente, países como China controlan aproximadamente el 60% de la fabricación de vehículos eléctricos, lo que destaca la importancia de buscar alternativas locales en la producción y el desarrollo de tecnologías limpias. Para que la sostenibilidad no sea solo una tendencia pasajera, sino una verdadera solución, es necesario garantizar prácticas responsables en toda la cadena de suministro, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de los vehículos”.
