- El Instituto Peruano de Economía estima que, a fines del 2024, las exportaciones de oro ilegal de Perú alcanzarán la cifra récord de 6.840 millones de dólares.
- Iniciativas educativas sobre las consecuencias de la minería ilegal se desarrollan en el país, pero urgen estrategias de Estado para combatir la expasión de este y otros delitos ambientales.
La presencia de la minería ilegal se ha insentificado en 2024, al punto de expandirse a todas las regiones del Perú, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS). Muestra de ello es la devastación de 18 421 hectáreas de bosque, equivalente a toda la provincia del Callao, en Madre de Dios.
La mencionada región es la principal afectada por la minería ilegal. Tan solo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, se han registrado casi 600 dragas, un aumento de más del 400% en dos años.
Ucayali y Loreto son otras regiones perjudicadas por esta economía ilícita, que no para de crecer en más zonas. La FCDS revela que esta expansión tienen consecuencias como la proliferación de enfermedades, alteración de ríos, incluyendo amenazas para las comunidades nativas y defensores ambientales.
¿Qué se hace al respecto?
Al Estado se le demanda un accionar efectivo y sistematizado, anclado en políticas consistentes que hagan frente al problema. Sin embargo, tambien se requiere de un trabajo de sensibilización social y educación. En los últimos años surgieron iniciativas como la campaña “Consecuencias”, galardonada este año con el premio Eikon en Argentina. Esta generó una cruzada juvenil para identificar y difundir los efectos de los delitos ambientales, llegando a más de dos millones de personas en Lima y regiones.
La iniciativa tuvo el apoyo de 83 aliados, entre organizaciones y empresas. “Las alianzas con organizaciones públicas y privadas ayudaron a incorporar temas como la minería ilegal en la agenda pública, mediante eventos musicales, contenidos de influencers, publicidad e incidencia en la agenda de los medios. Las alianzas, como lo propone el décimo séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible, movilizan conocimientos, capacidades técnicas y tecnologías para generar cambios”, comentó Luis Avellaneda, director de Realidades, agencia colaboradora de USAID para el desarrollo de la campaña “Consecuencias”.
Los reportes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo sugieren un urgente freno a la expansión de la minería ilegal al 2025 desde las autoridades, bajo un marco legislativo adecuado, fiscalización efectiva apoyo a los defensores ambientales y una lucha constante contra la corrupción. La educación y sensibilización son acciones que se deben integrar a un modelo más consistente
