Por Antero Flores-Araoz
Hemos repetido, casi hasta el cansancio, que los Estados Unidos de América están en su absoluto derecho de hacer un diagnóstico evaluativo del dinero y otros recursos que aportan desde USAID a diversos países, así como a Organizaciones No Gubernamentales, tanto nativas como foráneas.
El dinero y recursos con los que colabora USAID, provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes de los Estados Unidos de América, por lo que este país donante tiene toda la autoridad y legitimidad no solamente para cautelarlos, sino conocer a cabalidad si han sido empleados con el objetivo con el que fueron donados y en las cantidades que corresponden.
Evidentemente hay programas en el mundo que con la cooperación de USAID han acreditado el buen empleo de recursos, como son dotación de alimentos, medicinas y vacunas, electrificación rural, cuidado de bosques y muchos otros destinos que se fueron implementando desde la llamada “Alianza para el Progreso” que fundó quien fuera el presidente John F. Kennedy.
En el Perú hay más que sospechas de la existencia de Organizaciones No Gubernamentales, que en lugar de emplear los recursos que reciben para los fines predestinados, lo han sido en su totalidad o en parte para otros objetivos, algunos por cierto nada santos e incluso empleado porcentajes abusivos de ellos para supuestos “gastos administrativos”, entre los que destacan el financiamiento de “la buena vida” que se dan algunos de sus directivos.
Por lo antes señalado es de urgencia que se apruebe de una vez por todas la ley que asigne a Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), complementar su competencia de fiscalizar las donaciones que llegan del exterior y su empleo teórico, con lo que en realidad es su destino final, que no siempre corresponde a la finalidad oficial de la cooperación económica internacional.
Ahora bien, no se deberían hacer generalizaciones y menos falsas, pues también hay Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que emplean debidamente los recursos que recaudan del exterior, gracias a la buena fe de donantes como USAID y que no hay “pero” alguno que ponerles.
Entre las ONGs que actúan con corrección y solo para dar un ejemplo, tenemos a CEDRO, con aproximadamente cuarenta años de exitosa actuación más que decorosa y de amplio reconocimiento por la sociedad. CEDRO ha sido fructífera es generar conciencia sobre la gravedad del consumo de drogas, promoviendo cultivos alternativos y dando asistencia técnica para el cultivo, entre otros, de café y cacao que hoy en día son altamente cotizados por su calidad en el mundo entero.
También ha prestado ayuda a artesanos de diversas partes del país, no solamente para la elaboración de sus productos, sino también buscando ventanas de oportunidad para su exportación.
No olvidemos que CEDRO también contribuye con el desarrollo sostenible, especialmente con tareas en comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión, sin olvidar por cierto sus tareas en el campo de la interculturalidad y hasta la inclusión digital.
El acervo documental de CEDRO sobre prevención del consumo de drogas es el más importante de nuestro país y a él recurren los estudiosos de la materia.
Por eso es qué en la fiscalización de USAID no debe existir prejuicio en el sentido de que todos los destinos de sus fondos han sido inadecuados, debiendo diferenciar a los donatarios de ellos que hacen bien su tarea y merecen seguir siendo ayudados, de quienes no lo merecen y por ello deberían quitarles -no solo suspenderles – la ayuda que recibían.
