La reactivación de las obras es el objetivo principal del Gobierno argentino, para ello se planea asegurar un financiamiento.
La administración de Javier Milei ha solicitado una dispensa al consorcio de bancos chinos que financia las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, situadas en la provincia de Santa Cruz. El propósito es liberar aproximadamente 800 millones de dólares para reactivar las obras, las cuales se encuentran paralizadas desde diciembre de 2023.
Si las entidades financieras chinas aprueban la solicitud, el Ministerio de Economía podrá realizar las gestiones necesarias para asegurar el desembolso de los fondos y reactivar el proyecto de las centrales hidroeléctricas. Este avance sería crucial en un proceso que, desde su inicio, ha enfrentado varios obstáculos, incluyendo retrasos significativos, dado que el contrato original contemplaba su finalización en 2020.
La pérdida de 2.500 empleos por culpa de las demoras en los acuerdos entre Enarsa y las empresas constructoras, podría revertirse si se fijan nuevas fechas para la reactivación y finalización de las obras. La solicitud de exención es un paso importante para sumar esas divisas a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualmente en números negativos por cerca de USD 6.000 millones, el desembolso depende de la regularización de dichos acuerdos.
La reactivación de las obras es el objetivo principal del Gobierno argentino, para ello se planea asegurar un financiamiento de aproximadamente 800 millones de dólares a través de un consorcio bancario integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. El Ministerio de Economía aún no ha confirmado la fecha para formalizar la solicitud de desembolso.
El objetivo inicial de finalizar el proyecto se ha postergado hasta 2027 debido a los significativos desafíos añadidos por la pandemia y los cambios presidenciales. Estas dificultades reflejan la complejidad del desarrollo, destacada por la revisión de la adenda 12 del contrato firmado en marzo de 2015, un proceso liderado por Enarsa en colaboración con las empresas involucradas.
