La formalidad en la vivienda es esencial para mejorar la calidad de vida y cerrar las desigualdades sociales en el país.
La crisis habitacional en el Perú sigue siendo una barrera para el desarrollo y la equidad. Actualmente, más de 1.9 millones de familias viven en condiciones de informalidad, sin acceso a servicios básicos y con problemas de seguridad estructural. Por ello, para la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la promoción de la construcción de viviendas formales es una solución que contribuye a reducir las brechas sociales en el país.
«Impulsar la vivienda formal es una estrategia clave para la inclusión social y la estabilidad económica. Un hogar formalizado no solo brinda seguridad jurídica a las familias, sino que también facilita el acceso a créditos hipotecarios, servicios públicos de calidad y una mejor integración a la economía del país», afirmó José Espantoso, presidente del gremio. «Debemos fortalecer los mecanismos de acceso a la vivienda, especialmente para los sectores emergentes, asegurando reglas claras y estabilidad para el desarrollo inmobiliario», apuntó.
Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), los hogares de viviendas informales pagan hasta 6 veces más por el agua. Además, uno de cada 5 hogares informales ha sido víctima de robo, pues hay menor presencia policial o de serenazgo que en una urbanización formal. En tanto, las familias en urbanizaciones formales están más cerca de colegios y hospitales. En cambio, los habitantes de viviendas informales viven hasta a 36 kilómetros de un hospital de tercer nivel.
El impacto de la informalidad en vivienda también incide en las oportunidades de trabajo. Las mujeres que habitan viviendas precarias tienen menos probabilidades de tener un empleo remunerado.
Para ASEI, es fundamental la colaboración entre el sector público y privado para promover políticas habitacionales, así como mecanismos de financiamiento inclusivo. “Iniciativas como el Fondo Mivivienda, Techo Propio y los bonos habitacionales han demostrado ser herramientas eficaces, pero requieren una mayor cobertura y flexibilidad para adaptarse a la demanda real de las familias peruanas”, destacó el directivo gremial.
En ese sentido, el sector inmobiliario es un motor fundamental para la economía nacional y una fuente de 257 mil empleos directos, indirectos e inducidos. «Necesitamos un enfoque integral que combine incentivos financieros, regulación eficiente y una política urbana clara. Si logramos reducir las barreras para el desarrollo de vivienda formal, podremos cerrar las brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos», agregó Espantoso.
