- AAP exige respeto a la institucionalidad y no dejar de lado la lucha frontal contra la informalidad en el sector transporte.
Desde la Asociación Automotriz del Perú (AAP) rechazamos el anuncio de reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y expresamos nuestra preocupación por la promesa de otorgamiento de autorizaciones de operación de transporte por 10 años, con el agravante de no tener competencia legal para ello, además de ofrecer una injustificada amnistía por las multas impuestas.
Lima y el Callao sufren gravemente con un sistema de transporte que genera congestión, caos, contaminación, discriminación e informalidad; así como lo más valioso: pérdida de miles de vidas humanas en accidentes que pudieron evitarse. A esto se suma la pérdida de tiempo (horas-hombre) que afectan la vida personal y familiar de cada ciudadano usuario de transporte.
Es por ello que en su momento, como política pública, se adoptó un camino: una autoridad única y un sistema integrado de transporte a ser implementado de forma gradual y progresiva; pero bajo criterios técnicos y legales, sin injerencia política, menos aún de grupos que mediante amenazas pretenden imponer medidas retrógradas que perjudican el necesario ordenamiento del tránsito. No se puede volver a cometer los errores del pasado.
La ATU fue creada como el organismo competente para planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, para lograr una red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y económicamente sustentable.
Para alcanzar dichos objetivos técnicos la ley estableció que la máxima autoridad de la ATU tenga una permanencia de 5 años para que trabaje, al igual que su Consejo Directivo, libre de injerencias políticas del gobierno de turno. Por ello, exhortamos al Poder Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la ATU, conforme lo dispone su ley de creación, y comprometerse con la reforma del transporte en beneficio de todos los habitantes de nuestra ciudad, quienes nos merecemos un sistema de transporte moderno, eficiente, sostenible y digno.
La solución al transporte público no se puede dar en un par de años, lleva tantos siendo caótico que corregirlo es un proceso técnico y paciente de largo aliento. Confiamos que las autoridades, así como la sociedad civil, exijan que se continúe con lo avanzado y no nos alejemos de la formalidad y de la excelente calidad de servicios que los peruanos nos merecemos. Nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos se ponen en manos del transporte y no podemos jugar con ello, requerimos servicios con los más altos estándares de seguridad en todo aspecto.
Respaldamos el justo reclamo de los gremios formales que exigen reglas claras para la competitividad y bienestar del país, y a la vez exigimos que las autoridades sean coherentes y estrictas en el cumplimiento de las normas.
