El ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), conversó en exclusiva con la Revista Economía sobre la crisis politica, social y ambiental que atraviesa el Perú. Además, resaltó las proyecciones que tiene el gremio para este año 2023.
¿Cuál es su análisis de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, con esta crisis política, social y ambiental?
Aquí se han unido varios conflictos a la vez, uno es el tema político que tiene una larga data, afectando naturalmente decisiones de inversión. Otro es la inflación, los precios siguen creciendo y hay una incertidumbre fuerte respecto a cuando va terminar. Tercero son los fenómenos naturales que por desgracia se convierte en desastres por la imprevisión y la incapacidad que tenemos de gestionar eventos de esta naturaleza, afectando al sector de construcción.
Ha quedado claro, una vez más, que el aparato estatal no está preparado para prevenir y mitigar los impactos negativos de estos eventos, ni para atender a la población directamente afectada por la emergencia.
¿Y qué es lo que plantea el gremio como parte de la solución?
En el caso de la crisis política tiene que haber una decisión, es evidente que las protestas se han reducido totalmente, pero el problema que ha dado origen a esta crisis política sigue manteniéndose. Actualmente hay una muy fuerte caída de la imagen de la presidenta Dina Boluarte y del congreso.
Con respecto a la inflación, en el sector de construcción nosotros hemos planteado la actualización de los precios máximos de vivienda y la ampliación temporal de los subsidios de vivienda para procurar el incremento de precios y también el esperado incremento de las tasas de interés de Mivivienda que hasta la fecha ha crecido muy lento.
En cuanto a la emergencia, necesitamos actuar rápidamente para evitar que los efectos de estos fenómenos naturales sean cada vez más graves y a su vez que el estado funcione, mediante obras públicas y los programas de Mivivienda dentro de la acción gubernamental.
Referente a la ejecución del presupuesto que tienen los gobiernos y municipios ¿Qué reformas o qué cambios se deben hacer para hacer un mejor uso de estos recursos?
Necesitamos un cambio total en el sistema de contratación pública. Así como una nueva ley, que sea blindada contra la corrupción. Nosotros proponemos que los representantes, o los miembros de los comités de selección, no sean colocados por el titular del pliego, sino que haya una intervención de la sociedad civil a través de los colegios profesionales, de las universidades, para que esos miembros de dichos comités de selección sean personas independientes a la entidad. Yo creo que eso haría mucho por evitar la corrupción.
Nosotros como gremio hemos hecho un planteamiento muy ambicioso que parte inclusive de replantear el modelo de descentralización, hemos creado una descentralización política bastante irrazonable mediante las regiones.
¿Cuántos créditos hipotecarios otorgaron entre el 2022 y 2023?
En el 2022 hubo un comportamiento divergente, el segmento de mi vivienda social tanto como Techo Propio y Mivivienda alcanzaron cifras récord, nunca se había desembolsado en un solo año tantos subsidios para viviendas nuevas como el año pasado, el Fondo Mivivienda alcanzó un 33,9% de participación sobre el total de operaciones hipotecarias desembolsadas en el 2022 y un 17.1% respecto del monto total concedido por dichas operaciones, creo que respecto al año anterior hubo un crecimiento del 20% pero la cifra del 30% nunca se había logrado. En cambio, los créditos hipotecarios dirigidos a las familias de mayores ingresos tuvieron una caída de dos dígitos.
¿Cuáles son las proyecciones para 2023?
Para el 2023 esperamos que los Gobiernos Regionales y Municipales ejecuten los presupuestos de forma adecuada. Lamentablemente, años anteriores nos han mostrado que las inversiones de estos gobiernos siempre caen los primeros años, por un tema de aprendizaje, de cambio de funcionarios, lo cual no debería suceder.
Sobre la inversión privada para este año, creemos que no va a ser positiva; por lo tanto, la única que puede compensar es la inversión pública.
