En el marco del foro Perú rumbo a la OCDE: compliance público y control gubernamental, compliance privado y rol empresarial
- Para la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, los dos factores que contribuyen al arraigo de la corrupción en nuestro país son la impunidad y la discrecionalidad otorgada a las autoridades y funcionarios.
- La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, aseguró que el marco punitivo en el Perú no basta para poder controlar la plaga de la corrupción que tanto daño hace a la sociedad.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani, señaló que los dos factores que contribuyen al arraigo de la corrupción en nuestro país son la impunidad y la discrecionalidad otorgada a las autoridades y funcionarios que amparados en normas engorrosas y poco específicas, imponen condiciones a los operadores privados.
“Estas distorsiones ahuyentan las inversiones y elevan los costos del proceso productivo, frenando la productividad y la competitividad del país”, subrayó durante la inauguración del foro: Perú rumbo a la OCDE: Compliance Público y Control Gubernamental, Compliance Privado y Rol Empresarial, organizado de manera conjunta por la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL y la Comisión Consultiva de Compliance e Integridad del Colegio de Abogados de Lima.
La líder empresarial explicó que la principal función del compliance es garantizar la integridad de la empresa. Para ello, dijo que se identifican riesgos y se establecen mecanismos, políticas y procedimientos adecuados de control, de modo que garanticen que la compañía, sus directivos, empleados y agentes vinculados cumplan con el marco normativo.
“Nuestro país adoptó un régimen legal para adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que exige un grado de adecuación a estándares mínimos para castigar la criminalidad ligada a la corrupción cometida por personas jurídicas”, manifestó Torriani.
A su turno, la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, aseguró que el marco punitivo en el Perú no basta para poder controlar la plaga de la corrupción que tanto daño hace a la sociedad; por ello, aseveró que es imprescindible manejar el ámbito preventivo, “siempre sostengo que prevenir es mejor que reprimir”.
PERJUICIOS ECONÓMICOS
Por su parte, el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, afirmó que la corrupción viene causando daños económicos al Estado por lo que para prevenir dicha situación es necesario implementar sistemas de control interno que supervisen la administración pública.
Indicó que la Contraloría ha solicitado la recuperación por el perjuicio económico al Estado generados por los casos de corrupción, a través de los procesos civiles, por más de US$ 1.400 millones, y que ese monto no corresponde a obras emblemáticas, sino a las generadas a nivel subnacional (gobiernos locales y regionales). No obstante, detalló que en la última década (2009-2018) solo se han recuperado US$ 14 millones.
“Lo que ha venido ocurriendo en la última década – por ejemplo – es que de los 1.678 distritos, 1.200 nunca han recibido una auditoría, nadie ha visto las cuentas, ni se ha podido hacer el deslinde respectivo”, declaró.
