- El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara, señaló que en 76 % aumentó la superficie cultivada de hoja de coca entre 2018 y 2022 y la producción de cocaína creció un 63 %, lo cual plantea desafíos para la seguridad y gobernabilidad del país.
Expertos en seguridad y lucha contra la corrupción identificaron que algunos de los principales motivos del aumento de la inseguridad y el crimen organizado en el país derivan de la insuficiente inversión para erradicar cultivos ilícitos de hojas de coca y la falta de un plan para prevenir el avance de organizaciones delictivas transfronterizas.
Además, estos especialistas coincidieron, a través de una mesa redonda, organizada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en que estos problemas que afronta el país se deben por el ingreso de organizaciones criminales por las fronteras y la inacción del Estado que no cuenta con un plan integral para combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
En el marco de este evento, denominado ‘Desafíos de las Economías Criminales al Estado de Derecho: Perspectivas en América Latina y el Perú’, Hernán Lanzara, primer vicepresidente y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, indicó que el tráfico de estupefacientes, con un aumento del 76 % en la superficie cultivada de hoja de coca entre 2018 y 2022, y un incremento del 63 % en la producción de cocaína, plantea serios desafíos para la seguridad y gobernabilidad del país.
“Estos problemas se ven agravados por factores endógenos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, así como por factores exógenos como la alta demanda de oro, cocaína y otros recursos naturales en el mercado internacional. Estas economías criminales socavan el estado de derecho al debilitar las instituciones y fomentan la corrupción, pero, además, impactan negativamente al distorsionar el mercado y privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos”, comentó el representante del gremio empresarial.
INVERSIÓN INSUFICIENTE
El director de la CCL, Jaime García, indicó que el presupuesto público para financiar la lucha contra el narcotráfico en el Perú hoy es insuficiente. En ese sentido, advirtió que esta situación resulta preocupante debido a que se ha reducido la inversión para erradicar los cultivos ilícitos de hoja de coca, insumo que es trasladado para la elaboración de cocaína en la selva.
«El Estado comenzó a hacer una inversión importante en el 2006 cuando destinaba US$ 29 millones y su pico más alto fue de US$ 191 millones en el 2015. Pero en la medida que se ha vuelto a reducir esta inversión en la lucha contra las drogas, los cultivos ilícitos han vuelto a subir», dijo el representante de la CCL.
A su turno, José Ugaz, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, sostuvo que una de las principales características de la criminalidad organizada de hoy es que tiene el control físico territorial debido a su capacidad potencial armada y penetración que tiene en el Estado.
“Óscar Naranjo, uno de los policías más conocidos por la captura del narcotraficante Pablo Escobar, indicó que estas organizaciones generan efectos en la sociedad; uno de ellos es que imponen las reglas de comportamiento a los ciudadanos producto de las extorsiones y otras prácticas ilegales. También coaptan las instituciones y esto se ve claramente en el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, entre otros”, dijo Ugaz.
CRIMINALIDAD TRANSFRONTERIZA
Por su parte, Víctor Hugo Guerra, director legal para la Prevención del Comercio ilícito para Latinoamérica, indicó que el Perú se ha convertido en un mercado atractivo para comercios ilegales; y debido a las fronteras que comparte con Bolivia, Colombia y Ecuador, se han vuelto rutas para los carteles de drogas y el oro ilegal.
Al respecto, David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), explicó que tanto en el Perú como en Ecuador han observado que la criminalidad ha ido avanzando debido a la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. No obstante, recalcó que los gremios empresariales juegan un rol importante debido a que pueden estimar los costos significativos que genera la inseguridad en los mercados.
En este aspecto, Carlos Basombrío, exministro del Interior y experto en seguridad, sostuvo que la economía criminal más grande en el Perú es la minería ilegal, según un trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Esta economía criminal tiende a tener cada vez más participación de organizaciones criminales transnacionales”, añadió.
Para combatir estas economías criminales, Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad nacional, resaltó el trabajo que vienen realizando los gremios empresariales como la CCL para prevenir el avance de las economías criminales y organizaciones delictivas transfronterizas. A su vez, Lanzara precisó que se requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción en todos sus niveles y promover el fortalecimiento de la formalidad.
