Presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, pide que organismos involucrados diseñen estrategia conjunta contra el crimen.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, consideró que la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no es suficiente para que el país pueda enfrentar y derrotar a la criminalidad, ya que hace falta establecer una mayor articulación entre las diferentes instituciones del Estado involucradas en esta tarea.
En tal sentido, demandó que, a partir de la designación del nuevo ministro del Interior, se establezca una mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, para diseñar una estrategia conjunta contra el crimen y el procesamiento de los delincuentes
De La Tore exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a nombrar un nuevo ministro del Interior que posea liderazgo, experiencia en seguridad e inteligencia, así como capacidad de gestión y concertación.
Manifestó su conformidad con la decisión del Congreso de la República de censurar al ahora exministro Santiváñez, debido a su «incapacidad» para abordar la ola de inseguridad que enfrenta el país.
«El Congreso ha tomado una decisión correcta que responde a las demandas de la ciudadanía y de los micro y pequeños empresarios y organizaciones sociales, quienes son los más afectados por la delincuencia y criminalidad», afirmó el líder empresarial.
“Es positiva la salida de Santiváñez, pero no es suficiente para enfrentar a la criminalidad. Lo que se requiere ahora es un titular del Ministerio del Interior que tenga solvencia moral, integridad, credibilidad y que articule con todos los sectores y genere consensos para luchar contra la criminalidad”, recalcó el representante de la CCL.
Asimismo, la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que agrupa a más de medio millón de pequeñas y micro empresas, de diferentes sectores, también saludó la salida del ministro del Interior, debido a que no cumplió con el compromiso de presentar los dos planes de acción urgentes para reducir la criminalidad y proteger a las empresas que son víctimas de las extorsiones.
