Yonatan Ovalle, socio de Ovalle & Mori Abogados Asociados, analiza el impacto de los bloqueos en la gran minería y las acciones del Estado para mitigar la crisis.
En los primeros meses de 2025, los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería han generado pérdidas económicas superiores al 0.2% del PBI nacional, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Estos enfrentamientos, concentrados en corredores estratégicos como el sur del Peru como zonas de Madre de Dios, evidencian un conflicto no resuelto entre las comunidades, el Estado y las empresas concesionarias incluso aquellas empresas con denuncias de mineros.
Los bloqueos de vías en las minas como Cuajone (Moquegua) y Atacocha (Pasco) han reducido la producción de cobre en 68,000 toneladas métricas y de zinc en 12,000 toneladas solo en 2025, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Paralelamente, el 65.2% de los 132 conflictos socioambientales activos en Perú están ligados a la minería, según la Defensoría del Pueblo. Esta dualidad refleja un modelo extractivo que, aunque dinamiza la economía, no ha logrado integrar a las comunidades en sus beneficios.
Tras la aprobación de la Ley MAPE (noviembre 2024), el Estado busca formalizar a 300,000 mineros artesanales, aunque el 95% opera en concesiones y denuncias ajenas, complicando su integración legal. Proyectos como las Zonas Especiales de Libre Disponibilidad buscan regularizar áreas de explotación, pero persisten desafíos técnicos y de supervisión. La falta de acceso a créditos y tecnología sigue siendo un obstáculo para que este sector trascienda su condición informal.
En enero de 2025, la PCM reportó la destrucción de 9 dragas y equipos valorizados en 1.6 millones de soles en Madre de Dios. No obstante, organizaciones civiles cuestionan la falta de una estrategia integral para desarticular redes criminales tras estas actividades. La minería ilegal no solo contamina, sino que financia grupos organizados que generalmente están al margen de la ley, lo que exige una acción coordinada entre fiscalías, juzgados y fuerzas del orden.
Según Yonatan Ovalle, socio de Ovalle & Mori Abogados: «La solución requiere un diálogo tripartito que incluya protocolos claros de consulta previa, compensaciones ambientales verificables y mecanismos ágiles de resolución de conflictos. La Ley de Comunidades Campesinas debe actualizarse para evitar vacíos que alimentan litigios prolongados» se deben brindar mejores oportunidades que sean sostenibles para los involucrados directos en la actividad minera.
Además, destaca la urgencia de fortalecer la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para agilizar procesos contra la minería ilegal, así como implementar un sistema de trazabilidad mineral usando tecnología blockchain para diferenciar producción artesanal de ilegal.
La actividad minera en el Perú enfrenta una encrucijada: mientras aporta el 12% del PBI y el 60% de las exportaciones, su crecimiento sigue amenazado por conflictos sociales y marcos regulatorios ambiguos. La reciente Ley MAPE y los operativos en Madre de Dios son pasos positivos, pero insuficientes. Como señala Ovalle: «Sin una política de Estado consensuada que equilibre el desarrollo económico, derechos territoriales y sostenibilidad, seguiremos viendo ciclos de protestas y pérdidas millonarias».
La clave está en construir acuerdos que prioricen la transparencia y la participación comunitaria, evitando que la minería siga siendo un factor de división en lugar de un motor de progreso compartido.
