El FMI tiene un mecanismo para inyectar dinero directamente a las cuentas de todos los países miembros ante shocks externos, y América Latina es la segunda región del mundo que más los usó en la pandemia. Latindadd destaca que su reformulación es angular para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.
En un contexto de crisis económica global, los Derechos Especiales de Giro (DEG) han emergido como una herramienta crucial para proporcionar liquidez a los países en desarrollo. Sin embargo, la reformulación de sus criterios de distribución ocupa una plaza central en la agenda de las economías globales.
Según Patricia Miranda, directora de cabildeo global y coordinadora del área de Nueva Arquitectura Financiera de Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, los DEG son recursos que se generan a partir de las reservas de divisas de los países más desarrollados, y su emisión es aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en respuesta a shocks externos.
Durante su participación en la Conferencia “Justicia Económica, Social y Climática para América Latina en un mundo al borde de la Guerra”, Miranda explicó que la última emisión significativa ocurrió tras la pandemia de COVID-19, con el objetivo de apoyar a las naciones que enfrentaban necesidades urgentes de liquidez.
Los DEG no constituyen una deuda, ya que los países que los reciben no están obligados a devolverlos. Sin embargo, su uso está sujeto a las normativas internas de cada país. Todos los miembros del FMI reciben una asignación de DEG proporcional a sus cuotas en la organización, lo que significa que los países con mayores cuotas reciben más recursos.
“No tienes que pagar intereses toda la vida teniendo un DEG y tampoco tienes que sacarlos de tu balance, así que es una herramienta muy poderosa aun cuando este en un ambiente de tasas de interés muy altas”, destacó por su parte Michael Galant, del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR-EEUU).
En América Latina, la región recibió aproximadamente US$52.000 millones en DEG durante la pandemia, siendo la segunda región, después de África, en utilizar estos recursos para fines fiscales, como el pago de deudas y la financiación de programas de protección social y salud.
A pesar de su utilidad, la distribución de los DEG ha sido objeto de críticas debido a su naturaleza inequitativa. Miranda señala que la asignación actual se basa en las cuotas de los países en el FMI, lo que favorece a las naciones desarrolladas. Propone que la distribución debería considerar otras vulnerabilidades, como las tasas de mortalidad por COVID-19, que afectaron gravemente a países de América Latina, especialmente a Perú.
En este contexto, ha surgido una propuesta apoyada por Latindadd y presentada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que sugiere la emisión continua de DEG hasta 2030 para financiar la agenda de desarrollo sostenible. Esta iniciativa, que recibe el respaldo de Latindadd, busca abordar las desigualdades en la distribución de los DEG y proporcionar un apoyo más equitativo a los países en desarrollo.
La necesidad de reformular la distribución de los DEG se hace evidente en un mundo donde las crisis económicas y sanitarias afectan de manera desproporcionada a las naciones más vulnerables. La propuesta de emisiones anuales continuas podría ser un paso hacia una arquitectura financiera global más justa y resiliente.
“Los DEG no son para la transformación que necesitamos, pero es un mecanismo que nos ayuda a afrontar las limitaciones globales mientras se consiguen patrones de crecimiento y desarrollo”, finalizó Galant.
