Por Yonatan Ovalle, abogado asociado de Ovalle & Mori Abogados
¿Qué sucede cuando el Estado de Derecho garantiza la primacía e igualdad ante la ley y se encuentran dos personas jurídicas, «la empresa» y «una comunidad campesina o nativa», en un conflicto?
En las últimas décadas, el crecimiento económico y la expansión de las empresas han llevado a un aumento en la firma de acuerdos y convenios con comunidades, distritos y provincias. Sin embargo, este fenómeno ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia: la vulneración del Estado de Derecho. Muchos de estos acuerdos se llevan a cabo sin la debida transparencia y claridad, no solo por parte de la empresa, sino también por parte de las comunidades, lo que genera desconfianza y, en muchos casos, la violación de derechos fundamentales de las comunidades y las personas involucradas.
El Estado de Derecho se basa en la premisa de que todas las personas y entidades, incluidas las empresas, están sujetas a la ley. Sin embargo, cuando las empresas negocian acuerdos con comunidades, a menudo se encuentran en una posición de poder desproporcionado. Esto puede llevar a que se impongan condiciones que benefician a las empresas a expensas de los derechos y necesidades de las comunidades. La falta de transparencia en estos procesos puede resultar en la explotación de recursos naturales, la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, al margen de los acuerdos y convenios sociales pactados entre ambos.
Un ejemplo claro de este problema se observa en el sector extractivo, donde las empresas mineras, petroleras y de gas suelen firmar acuerdos con gobiernos locales o nacionales. En muchos casos, estas empresas prometen beneficios económicos y apoyo social a las comunidades, como empleos y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, a menudo estas promesas no se cumplen y las comunidades terminan enfrentando consecuencias negativas; temen consecuencias como la contaminación de sus tierras y fuentes de agua, así como la pérdida de sus medios de vida tradicionales.
La falta de claridad y sinceridad en los acuerdos por parte de las partes desencadena conflictos entre las comunidades y las empresas. Cuando los términos de un contrato no son transparentes, las comunidades pueden sentirse engañadas o traicionadas, lo que puede resultar en protestas y tensiones sociales. Estos conflictos no solo afectan a las comunidades, gobiernos locales, regionales y las empresas proveedoras de insumos, sino que también tienen repercusiones económicas para las empresas, que enfrentan riesgos de reputación y problemas legales.
Para abordar esta situación, es fundamental que se establezcan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la firma de acuerdos entre empresas y comunidades. Las empresas deben comprometerse a realizar consultas significativas con las comunidades afectadas, asegurándose de que sus voces sean escuchadas y sus preocupaciones sean tomadas en cuenta. Es usual que los reclamos de las comunidades queden encarpetados en las oficinas de los trabajadores (relacionistas comunitarios), lejos del conocimiento de la misma empresa. Además, es esencial que se implementen marcos legales que protejan los derechos de las comunidades y que garanticen que los acuerdos sean justos y equitativos.
Asimismo, el gobierno tiene un papel crucial en la regulación de estas interacciones. Debe garantizar que las leyes y políticas existentes se apliquen de manera efectiva y que las empresas cumplan con estándares éticos y legales. La promoción de la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento y respeto del acuerdo por parte de las comunidades puede ser un paso positivo, pero debe ir acompañada de una supervisión adecuada para asegurar que las empresas y las comunidades actúen en beneficio mutuo y no solo en su propio interés.
En conclusión, la vulneración del Estado de Derecho por parte de las empresas y las comunidades campesinas o nativas al firmar acuerdos, frecuentemente sin transparencia y legalidad, donde las obligaciones asumidas no son de obligatorio cumplimiento, es un problema que requiere atención urgente. La falta de transparencia y claridad en estos procesos puede tener consecuencias devastadoras para los derechos de las comunidades y el bienestar social. Es imperativo que se implementen medidas que promuevan la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos en todas las interacciones entre la empresa y las comunidades. Solo así podremos construir un futuro en el que el desarrollo económico no se logre a expensas de los derechos fundamentales de las personas y que el Estado peruano no se desentienda de los fines que están establecidos en la Constitución Política del Estado.
