La absolución de once comuneros en Apurímac marca un hito para las inversiones mineras en Perú y reabre el debate sobre el costo real de los conflictos sociales no resueltos.
El reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que absolvió a once líderes comunales acusados por las protestas de 2015 contra el proyecto minero Las Bambas, genera implicancias directas en el clima de inversión del sector extractivo en el país. Más allá de una victoria legal para los defensores, la sentencia sienta un precedente que pone en revisión la forma en que las grandes operaciones mineras gestionan sus relaciones con las comunidades.
Los acusados, provenientes de las provincias de Cotabambas y Grau, enfrentaban penas de hasta nueve años de cárcel y más de US$ 80.000 en reparaciones civiles, solicitadas por la empresa. Sin embargo, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para sostener los cargos. Según David Velazco, abogado de los defensores y director de Fedepaz, el fallo desarma la estrategia judicial de criminalización usada para contener protestas en zonas de alto interés económico.
Costos ocultos para el sector minero
El megaproyecto Las Bambas, operado actualmente por MMG Limited, representa cerca del 2% del PBI peruano. Desde el inicio de sus operaciones, ha enfrentado más de 600 días de paralizaciones acumuladas por conflictos sociales, lo que se ha traducido en pérdidas de exportaciones y bloqueos en la cadena logística minera.
Ahora, con esta sentencia, los inversionistas y operadores del rubro enfrentan un nuevo factor de riesgo: el poder judicial podría empezar a revertir la doctrina de tolerancia cero ante los líderes comunales, obligando a repensar los modelos de relacionamiento comunitario y prevención de conflictos.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que esta absolución obliga a “revisar el papel de las empresas en procesos penales que han sido utilizados más como herramientas disuasivas que como mecanismos legítimos de justicia”.
Impacto reputacional y regulación ambiental pendiente
Más allá del ámbito judicial, este caso ha reactivado cuestionamientos sobre la solidez de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las condiciones de las licencias sociales en proyectos de alta inversión. Ronald Bello, uno de los comuneros absueltos, indicó que la oposición no fue contra la minería como tal, sino contra los cambios del proyecto sin consulta previa, algo que erosionó la confianza y disparó la conflictividad.
Organizaciones como CooperAcción señalan que la sostenibilidad a largo plazo de la inversión minera en el Perú dependerá de la capacidad del Estado para establecer reglas claras, garantizar transparencia en los EIA y evitar la captura corporativa de instituciones locales.
¿Y el futuro del modelo minero?
El caso Las Bambas no es un hecho aislado. Actualmente, más de 100 proyectos extractivos enfrentan observaciones sociales o legales por conflictos similares. El fallo de Apurímac podría convertirse en jurisprudencia para defensores procesados en otros corredores mineros del país, obligando al sector a anticipar más litigios, demoras regulatorias y una mayor exigencia de compliance social.
Para las compañías, el costo de ignorar el componente social ya no es solo reputacional, sino legal y operativo. El precedente marca una nueva etapa donde las decisiones judiciales pueden incidir directamente en el rendimiento económico de los proyectos.
El mensaje está claro: la rentabilidad extractiva en el Perú ahora también se mide en legitimidad.
