¿Estás preparado para la nueva ley? El gobierno establece un límite de edad para trabajar en el sector público: descubre cómo afectará a los empleados

El Gobierno peruano oficializa un límite de edad para los trabajadores del sector público a partir de 2025, con nuevas regulaciones sobre jubilación, licencias y compensación por tiempo de servicios. ¿Qué cambios traerá para los empleados estatales?

En un esfuerzo por estandarizar las condiciones laborales y garantizar una aplicación uniforme de las normativas, el Gobierno peruano ha implementado una nueva ley que establece un límite de edad para trabajar en el sector público. A partir de enero de 2025, la Ley N.º 32199, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece que los empleados estatales bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 deberán cesar sus funciones al cumplir los 70 años de edad. Esta disposición especifica que el retiro se efectuará al finalizar el año calendario en que el trabajador alcance dicho límite.

La medida tiene como objetivo unificar los criterios sobre el cese laboral por edad, lo que se traduce en una mayor claridad y previsibilidad para los empleados públicos en cuanto a su jubilación. Asimismo, busca evitar inconsistencias en la aplicación de la normativa dentro de las diferentes entidades gubernamentales.

Además del límite de edad, la ley introduce cambios en otros aspectos laborales, como las licencias sin goce de haber, permitiendo a los empleados solicitar licencias de hasta tres años dentro de un período de cinco años. También se ajusta la compensación por tiempo de servicios (CTS), estableciendo que el cálculo del beneficio será equivalente al 100% de la remuneración mensual por cada año completo de trabajo o fracción mayor a seis meses.

Esta normativa comenzó a regir en enero de 2025, lo que obliga a todas las entidades del Estado a adecuarse a sus disposiciones. Los empleados que cumplan 70 años en cualquier mes del año podrán seguir trabajando hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. La implementación de esta ley promete optimizar la administración de los retiros y beneficios laborales, mientras asegura un marco más claro y equitativo para los empleados del sector público.