En el mes de febrero, la Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 2956/2022-CR, que permitiría que el Estado intervenga en la fijación de precios de los boletos aéreos, con serias implicancias en el mercado. Al respecto, los gremios firmantes, señalan que:
Desde hace años, a nivel mundial la industria aeronáutica ha adoptado un modelo de flexibilización y personalización de tarifas, ofreciendo a los pasajeros alternativas de boletos cada vez más asequibles, que incluyen servicios básicos y la posibilidad de sumar atributos adicionales en caso de requerirlos.
Esto ha permitido un mayor acceso a este medio de transporte esencial, sumando más pasajeros, más competidores y beneficiando al turismo, al comercio y a toda la cadena de valor asociada al sector. De hecho, entre el 2011 y 2019, específicamente en el Perú, el número de pasajeros transportados por año aumentó de 18 a 40 millones y se redujeron -en ese periodo- casi 40% los precios de los boletos aéreos en rutas domésticas e internacionales.
Pese a ello, sin que se haya identificado alguna falla de mercado o realizado un análisis del impacto económico que pueda ocasionar, el proyecto de ley busca modificar el esquema tarifario actual, con lo que obligaría a que las tarifas más básicas y económicas se vuelvan más costosas, ya que necesariamente tendrán que incluir atributos que son adicionales como la elección de asiento y un equipaje de cabina de hasta 10 kilogramos, por los que una gran masa de pasajeros no está dispuesta a pagar; alejándonos del desarrollo y las mejores prácticas globales.
La propuesta atenta directamente contra la libertad de elección que tienen las personas actualmente de adquirir un boleto aéreo pagando solo lo que quieren o necesitan; y, si se lleva adelante, afectará a cerca del 70% de pasajeros que hoy deciden viajar con la tarifa más económica, sin sumar ningún servicio adicional.
En ese sentido, lamentamos que esta medida haya sido preaprobada sin ser discutida técnicamente y sin tomar en cuenta las opiniones de los especialistas y de autoridades competentes como el MTC o Indecopi. De hecho, a mediados del año pasado, el Indecopi, entidad a cargo de salvaguardar los derechos de los consumidores peruanos, rechazó la propuesta y reconoció que el elegir un asiento es una prestación adicional que, de ser adquirida, debía ser asumida por el pasajero que la requiera.
Por todo ello, exhortamos a los congresistas y sus bancadas y a las autoridades del Poder Ejecutivo a revisar esta decisión y a estudiar este proyecto de ley para verificar su legitimidad y las implicancias reales que pueda tener, ya que, en lugar de buscar el mayor beneficio de la población, impactará gravemente en los viajeros, la conectividad, el turismo, el comercio y el desarrollo socioeconómico del país, dificultando el acceso al servicio a millones de personas.
