La Comisión de Economía del Congreso anunció que trabajará en reformas específicas para mejorar la ley.
Tras la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, declaró que «el respaldo a esta nueva ley se fundamenta en la necesidad urgente de romper con un sistema previsional que había demostrado ser precario, nefasto y favorecedor de la informalidad por lo inviable de su estructura». “Bajo el sistema anterior, solo alrededor del 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) realizaba aportes previsionales de manera regular, lo que dejaba a una gran parte de los trabajadores, especialmente independientes e informales, sin acceso a una pensión digna”, sentenció el legislador.
Observaciones Críticas a la Nueva Ley
A pesar de que la ley constituye un avance en la búsqueda de justicia provisional, López destacó que la propuesta actual tiene «serios vacíos» que debieron ser observados y corregidos. El Ejecutivo optó por no observar la norma, lo que, según el presidente de la Comisión, fue una postura «tibia» frente a temas urgentes como la pensión mínima y la pensión por consumo. Estos aspectos clave requieren una revisión inmediata para asegurar la viabilidad del sistema a largo plazo. «La ley fue promulgada tal como está, aun con estas graves falencias», añadió López.
Impacto en la Sostenibilidad Fiscal
- Propuestas de Mejora desde la Comisión de Economía
Ante este escenario, la Comisión de Economía del Congreso anunció que trabajará en reformas específicas para mejorar la ley. «Plantearemos una serie de propuestas para modificar partes específicas de la nueva ley. Es fundamental que se realicen ajustes, especialmente en lo referente a la pensión mínima y la pensión por consumo, con el fin de garantizar que el sistema sea técnicamente viable y fiscalmente sostenible», advirtió López.
La Comisión reafirma su compromiso de fortalecer esta reforma previsional, convencidos de que se puede y debe construir un sistema que ofrezca seguridad y dignidad para todos los ciudadanos, sin poner en riesgo las finanzas públicas del país.
