Por. Manuel Ayllón Gamarra, Orange 360
La industria minera peruana, motor de la economía del país, atraviesa hoy una etapa singular. Por un lado, goza de los altos precios de los minerales a nivel mundial y, de otra parte, está siendo detonada por ese explosivo cóctel que tiene como principales ingredientes a demandas sociales desatendidas, agitadores, desinformación y autoridades poco eficientes e ideologizadas, entre otros.
Sin duda, lo que viene ocurriendo para desgracia del país tiene como principales responsables a nuestras autoridades, quienes no han sido capaces de trasladar de manera eficiente los ingentes recursos aportadados por la minería al Estado.
No es ningún secreto que con una población bien atendida, que tiene acceso a todos los servicios básicos que le permita una vida digna, la labor de agitadores e ideólogos no sería tan fácil como lo es hoy.
Para tener idea de la magnitud del aporte de la minería, según la SNMPE, gremio que agrupa a las empresas del rubro, esta actividad es responsable del 10% del PBI, del 60% de las exportaciones, de 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por empresas.
Solo este año, las mineras pagarán casi 12 mil millones de soles en impuestos y otras contribuciones como regalías. La SNMPE proyecta que para el tramo 2022-2026 el aporte de la minería por impuestos y regalías será mayor a los 85 mil millones de soles.
Durante la última década, refiere el gremio, las regiones y municipalidades recibieron alrededor de 40 mil millones de soles por concepto de canon y regalías generado por la actividad minera. Pese a ello, solo ejecutaron el 61% de sus presupuestos.
Resulta imperdonable que en un país pobre, y con esa enorme caja fiscal generada por la minería, la ejecución en obras sea tan baja (y probablemente en calidad también).
Esta problemática, que no es nueva, ha motivado a las mineras a intervenir proactivamente a favor de la población, a través de acciones de responsabilidad social tales como atención de necesidades básicas y de emergencias, Obras por Impuestos, etc.
Todo indica que la ineficiencia y lentitud del aparato público continuará campeante en los próximos años, pues no hay atisbos de intención alguna de reformar el Estado. Ante este escenario, las empresas mineras deberán robustecer cuanto antes sus programas de intervención que permiten atender las necesidades de las poblaciones más pobres.
Ya sea mediante programas ad hoc de responsabilidad social o el mecanismo de Obras por Impuestos, las mineras tendrán que engordar presupuestos y mejorar sus estrategias de comunicación externa para que la sociedad en general valore y pondere adecuadamente el aporte de esta actividad al crecimiento del país, y no sucumba tan fácilmente a los cantos de sirena que suenan desde la otra vereda. No hay tiempo que perder.
