- Casi 70% de quienes usan Inteligencia Artificial predictiva en su trabajo, no lo reportan a sus jefes, según una encuesta de Fishbowl.
- Una de las actividades básicas que se hace con tecnología jurídica es la de investigación mediante herramientas predictivas y de inteligencia creativa, cuyo margen de error es aún del 3%.
La digitalización es una necesidad de cada sector, incluso del jurídico, bajo el principio de lograr cada vez más una impartición de Justicia pronta y expedita. Sin embargo, la tecnología que se adopte debe ser informada a fin de visibilizar los riesgos de su uso como un vector más de ciberataque. Sobre todo, considerando que 68% de quienes usan alguna herramienta de Inteligencia Artificial para su trabajo, no lo reportan a sus jefes, de acuerdo con una encuesta de Fishbowl.
Hoy en día, decenas de profesionistas, incluyendo abogados, hacen uso de herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo. De hecho, según un reporte de Fishbowl, 43% de los profesionales han usado herramientas de inteligencia artificial para tareas laborales y casi 70% de ellos, lo hacen sin el conocimiento de su jefe, “es algo que debería vigilarse para evitar, tanto intrusiones de actores maliciosos por la descarga de programas, como inconsistencias jurídicas que pudieran repercutir a gran escala en las organizaciones”, explicó Allan Morgan, representante del área Legal de IQSEC.
En el área de la abogacía, las actividades básicas que son apoyadas por alguna herramienta de tecnología jurídica pueden ser de: gestión de documentos, contratos, litigios, automatización de procesos; análisis legal e investigación, mediante herramientas predictivas y de inteligencia artificial. Estas últimas son las de mayor necesidad de vigilancia especializada, considerando que el margen de error es aún de alrededor del 3%, asimismo, no se puede establecer una responsabilidad sobre el resultado del contenido que genera, pero el abogado que la utiliza sí es totalmente responsable por su uso.
Adicionalmente, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos acercamos más a la posibilidad de poder llevar a cabo los procedimientos judiciales 100% en línea, y con el uso de mayores herramientas tecnológicas, se incrementan los riesgos en la seguridad de la información, por lo que se debe hacer un uso responsable y siempre acompañado de un experto en ciberseguridad.
Empero, no toda la tecnología jurídica es imperfecta, ya que “desde 2010, en México, contamos con la Firma Electrónica Avanzada, mediante la cual podemos llevar a cabo diversos actos jurídicos, como firmar contratos, promover amparos, consultar expedientes electrónicos, así como recibir notificaciones, entre otras acciones”, refirió el especialista Ciberlegal, quien detalló que, gracias a esta tecnología, al mes se realizan, de manera segura, alrededor de 2.5 millones de operaciones con firmas electrónicas o identidades digitales que facilitan el acceso a la justicia.
IQSEC, al ser parte de la renovación de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial, ha tenido la visión de coadyuvar con los diferentes órdenes de Gobierno para digitalizar sus procesos, proveyéndolos de soluciones facilitadoras y de ciberseguridad. “Sobre todo considerando, que cada vez más tendremos a la mano herramientas tecnológicas que serán directamente proporcionales a las brechas de seguridad, por lo que deben ser visibilizadas para gestionar integralmente sus riesgos”, finalizó el representante Ciberlegal de IQSEC.
