En el conversatorio ‘La informalidad nuestra de cada día’, el presidente del gremio, Julio Pérez Alván, dijo que el empleo digno y bien remunerado es la herramienta más eficaz para reducir la pobreza.
La alta informalidad condena a la pobreza a los peruanos, atenta contra el crecimiento económico del país e impide dar el salto hacia el desarrollo, por ello el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, pidió que su progresiva reducción sea tratada como una política de Estado, independientemente del gobierno de turno.
Fue durante su intervención en el conversatorio ‘La informalidad nuestra de cada día’ que contó con la participación del exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura; la economista Mónica Muñoz-Nájar; el exviceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo; y como moderador al periodista Jaime de Althaus.
Pérez manifestó que en ADEX se acuñó la frase ‘a mayor informalidad mayor ingobernabilidad’, por lo que queda clara la importancia de apoyar las propuestas relacionadas con el gran objetivo de reducirla. Con la colaboración de organismos académicos, otros gremios, y el soporte del CIEN-ADEX –con estudios y análisis–, organizará más conversatorios.
“El empleo digno y bien remunerado es la herramienta más eficaz para disminuir la pobreza y es por eso que en ADEX estamos comprometidos con esta cruzada por la formalización. El camino hacia la OCDE encuentra una gran muralla en la informalidad, por eso se hace necesario aminorar sus efectos dañinos. Los programas sociales no solucionan la pobreza, solo lo hará la creación de riqueza”, aseguró el presidente del gremio.
Asimismo, (la informalidad) repercute de forma negativa en los ingresos de los trabajadores (menores salarios y pérdida de beneficios laborales como gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de salud) y restringe el desarrollo de las empresas al no poder acceder al sistema financiero, con lo cual tienen poca o nula capacidad de expandirse. Todos estos factores se traducen en una menor productividad, que a su vez genera una pérdida de competitividad y con ello un menor crecimiento económico.
Pérez añadió que el Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto deben ponerse objetivos e indicadores claros y medibles sobre su reducción, que sean monitoreados anualmente y complementados con acciones concretas.
Se necesitan respuestas a muchas preguntas –continuó– como por ejemplo ¿nuestro marco legal y normativo es opresivo e impide reducir los niveles de informalidad?; los servicios ofrecidos por el Estado no son de gran calidad y su presencia y los controles que debe ejercer son débiles o inexistentes ¿Serán también los motivos del alto nivel de informalidad?; ¿se reduciría la informalidad si se abarata el costo de formalizarse y se dan los incentivos necesarios para desarrollar emprendimientos de la mano del Estado?
Uno de los motivos del alto nivel de informalidad es la percepción en los microempresarios de que el Estado los quiere formalizar solo para cobrarles tributos pero sin ofrecerles nada a cambio, la baja productividad impide el desarrollo ¿Cómo hacer para que los informales entiendan este aspecto, y puedan salir de la subsistencia?; la implementación de la Remuneración Integral Anual ¿ayudaría a reducir la informalidad porque los trabajadores verían más dinero en sus bolsillos al cobrar sus sueldos?
Flexibilidad laboral
En su exposición el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, opinó que la normativa laboral debe adecuarse a la realidad productiva del país, pues es inadecuada y rígida. “Cualquier solución a la informalidad debe sostenerse en la flexibilidad con una adecuada fiscalización”, dijo.
Precisó que la actual legislación laboral exige condiciones que los empleadores no pueden cumplir, por lo cual recomendó bajar la valla y subirla gradualmente. Sobre las nuevas normas (limitación de la tercerización, sindicalización) consideró que crean incertidumbre e incrementa los sobrecostos, en razón de ello estimó la destrucción de 100 mil puestos de trabajo.
Si bien sugirió que lo mejor sería derogarlas, comentó que, aunque eso suceda el Ejecutivo puede insistir, pues encuentra en la confrontación y victimización la única salida a las investigaciones de corrupción que se le atribuye. “El clima de inversión está en su nivel más bajo y es peligroso pensar en seguir sosteniendo la economía si la inversión privada no se recupera. Se busca incentivar el consumo con el retiro de la AFP, CTS y bonos del gobierno, pero literalmente nos estamos comiendo el futuro”, sentenció.
Perú está en una senda complicada de informalización y las cifras lo demuestran –puntualizó–, tras la pandemia el mercado laboral no se recupera y se observan retrocesos en los indicadores de calidad de empleo a junio de este año. Hay un crecimiento del 15% del subempleo y una caída de 10% del empleo formal.
Productividad
Según la economista Mónica Muñoz-Nájar en Perú se desarrolló una alta tolerancia a la informalidad. “Es un problema grave y detiene el desarrollo del país, estamos perdiendo oportunidades. Según el Banco Mundial (2021), los países de ingresos bajos y medio con niveles superiores al promedio de informalidad tienen un PBI menor de hasta 12% en comparación de aquellos ubicados por debajo del promedio”, detalló.
Por ello, exhortó a aumentar la productividad que es baja en relación a otras naciones. A manera de ejemplo, afirmó que para producir lo mismo que 100 trabajadores peruanos, Colombia requiere 63, Chile 39, Corea del Sur 28 y EE.UU. 18. El problema es el bajo capital humano, poco nivel educativo y las limitaciones del sistema de salud, todo lo cual limita el empleo bien remunerado.
A su turno el exviceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, refirió que el Estado ‘debe reducir los incentivos para no ser formales’. “En algunas zonas del Perú muchos trabajadores no quieren formalizarse pues no cuentan con hospitales de EsSalud y prefieren seguir con el SIS, aunque no es el mejor, es el único servicio al que puede acceder en sus alejadas localidades”, comentó.
