La controversia surgió después de que el Gobierno peruano otorgara a la empresa privada Joinnus la responsabilidad de gestionar la venta de entradas para el recinto. Tito García, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), alertó sobre las pérdidas económicas para el país y el deterioro de su imagen debido al paro indefinido en Machu Picchu Pueblo.
Los manifestantes alegan que esta acción constituye una «privatización sistemática» de la ciudadela inca. Por cuarto día consecutivo, operadores turísticos y residentes mantuvieron cerrados sus negocios y bloquearon accesos en protesta desde el pasado jueves.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, indicó el domingo que la paralización es provocada por «unos pocos que quieren seguir sacando provecho» del patrimonio cultural a través del mercado negro de boletos.
Tito García de Canatur subrayó la dependencia de 120,000 personas en Cusco del turismo. Destacó que los turistas extranjeros que visitan Perú gastan entre US$ 15,000 y US$ 18,000 durante una estadía de 10 a 15 días. Además, en la actualidad, los microempresarios constituyen el 92% del sector turístico en Cusco, incluyendo transportistas y artesanos.
Adicionalmente, señaló que el grupo minoritario detrás de las protestas está amenazando a los empresarios de Machu Picchu que desean reabrir sus negocios.
