Por Yonatan Ovalle, abogado asociado de Ovalle & Mori Abogados
Reflexiones desde el marco legal peruano sobre un sector crucial para el país.
La minería es uno de los pilares económicos más importantes del Perú, contribuyendo significativamente a su PIB y generando empleo tanto directo como indirecto. Sin embargo, este sector también enfrenta desafíos sociales y ambientales que deben ser abordados desde un enfoque legal y ético. En esta columna, exploraremos cómo el marco legal peruano interactúa con la minería, analizando tanto las ventajas económicas como las desventajas sociales, y proponiendo soluciones para equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y los derechos humanos.
La minería aporta alrededor del 11% de la producción nacional y 60% de las exportaciones, generando empleo directo e indirecto. Además, el canon minero incrementa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y reduce la pobreza en un 8.03% por cada aumento del 1% en su distribución. Sin embargo, estudios evidencian correlaciones negativas en el acceso al agua potable y mayor incidencia de enfermedades crónicas en zonas urbanas con actividad minera. La paradoja radica en que, mientras el crecimiento económico es tangible, persisten brechas en salud pública y calidad de servicios básicos.
El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (2024) busca formalizar este sector mediante procedimientos simplificados y beneficios para quienes se registren en el REINFO. La norma plantea la creación de zonas exclusivas para minería artesanal, el fortalecimiento de gobiernos regionales en fiscalización, y ofrece incentivos para contratos de explotación sostenible. No obstante, el reto es garantizar que estas medidas no se queden en papel, especialmente en regiones con altos índices de informalidad. La formalización de la minería artesanal podría reducir la contaminación ambiental y mejorar las condiciones laborales, pero requiere un compromiso firme del Estado para implementar y supervisar estas políticas.
En el Corredor Minero del sur (Cusco y Apurímac), proyectos como Las Bambas y Antapaccay han generado afectaciones al derecho al agua, salud y territorio indígena. Pese a los compromisos de empresas como Glencore, persisten conflictos por falta de entendimiento mutuo sobre la consulta previa y la poca transparencia en el estudio de contaminación de cuencas. Urge aplicar los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU para equilibrar el desarrollo y la protección comunal. La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y una obligación para las empresas tanto públicos y privados, y su cumplimiento es esencial para evitar conflictos sociales y garantizar que los proyectos mineros sean sostenibles y respetuosos con los derechos humanos.
La minería artesanal y la minería ilegal son dos conceptos distintos que a menudo se confunden. La minería artesanal está amparada bajo el Decreto Legislativo N° 1293, requiere inscripción en el REINFO y cumple parámetros ambientales. Por otro lado, la minería ilegal opera sin concesiones, evade impuestos y utiliza técnicas contaminantes como el mercurio sin embargo si el país le diera las condiciones adecuadas para formalizarse, considero que lo harían, pero la mayoría de estas actividades se desarrollan en territorios que ya fueron consecionados o en zonas de protección. En 2024, el MINEM amplió el plazo de formalización hasta diciembre, pero persisten los retos en fiscalización. Es crucial diferenciar entre ambas para implementar políticas efectivas que promuevan la formalización y erradiquen la minería ilegal, que no solo daña el medio ambiente, los medios de vida sino que también perjudica a la economía formal y la sociedad en general.
Entre 2021 y 2023, los conflictos sociales redujeron la inversión minera en $7,000 millones. El Estado debe priorizar la mediación técnica en disputas territoriales que tiene que ver directamente con áreas y linderos indefinidos con problemas de superposición, usurpación etc. la transparencia en el uso de canon minero, y el diálogo continuo con comunidades, son temas vitales para poder alcanzar o por lo menos aproximamos a un clima de entendimiento y armonía social. La falta de comunicación efectiva y la opacidad en la gestión de recursos han exacerbado los conflictos. Es esencial que el Estado asuma un papel proactivo en la resolución de disputas, asegurando que las comunidades reciban beneficios tangibles del desarrollo minero y que sus preocupaciones sean escuchadas y atendidas de manera oportuna.
Las comunidades campesinas, reconocidas como sujetos de derecho colectivo, enfrentan dilaciones judiciales en conflictos por tierras. Aunque la ley les otorga autonomía, casos como Espinar revelan que la justicia no siempre actúa con celeridad ante denuncias de contaminación. Se requiere capacitación especializada para jueces en temas socioambientales para que puedan abordar estos casos con la urgencia y el conocimiento necesario. La justicia debe ser ágil y efectiva para proteger los derechos de las comunidades y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y éticas.
La minería peruana necesita un equilibrio entre productividad y derechos fundamentales. Las nuevas leyes son un avance, pero su éxito dependerá de implementación rigurosa y auditorías independientes. Como abogados, debemos velar por que el marco legal no sea letra muerta, sino herramienta de justicia social. Es crucial que el Estado fortalezca la fiscalización, promueva la transparencia en el uso de recursos y garantice el diálogo continuo con las comunidades afectadas. Solo así podremos asegurar que el crecimiento económico sea sostenible y equitativo para todos.
