Minera Poderosa denuncia la extracción ilícita de minerales en sus terrenos, con más de 450 bocaminas ilegales operando. El impacto alcanza niveles críticos para la economía formal y las regiones beneficiarias del canon minero.
La Minera Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, región La Libertad, reveló que la minería ilegal generó pérdidas cercanas a los US$ 300 millones durante el primer semestre de 2024. Esta alarmante cifra fue expuesta por Pablo De la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, durante su participación en el programa ‘Diálogos Mineros’, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
De acuerdo con De la Flor, la minería ilegal ha alcanzado niveles críticos, con la operación de hasta 450 bocaminas clandestinas dentro de los terrenos concesionados a Minera Poderosa. “Los cálculos son respecto a la salida de volquetes cargados de mineral de nuestras propias concesiones. Se estiman en unos US$ 300 millones de pérdidas en el primer semestre (de 2024)”, declaró.
Cuestionamientos al sistema de formalización minera
Durante su intervención, De la Flor también cuestionó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo creado para regularizar la minería artesanal. Según el ejecutivo, este instrumento está siendo utilizado para amparar actividades ilícitas en lugar de promover una minería responsable. “Es lamentable cómo se está empleando este instrumento para legitimar la extracción ilícita de minerales”, comentó.
Impacto nacional
La problemática de la minería ilegal trasciende el impacto a una sola empresa. Según De la Flor, las consecuencias para el sector minero formal y la economía del país son devastadoras, con una pérdida estimada de US$ 6,000 millones anuales. Esto incluye la caída en los niveles de productividad, la reducción del empleo formal, la disminución de los pagos de impuestos y menores transferencias por canon minero a los gobiernos regionales.
La denuncia de Minera Poderosa resalta la urgente necesidad de reforzar las acciones contra la minería ilegal, una actividad que afecta no solo a las empresas concesionarias, sino también al desarrollo económico y social de las regiones más vulnerables del país.
