- CANVIA y AWS señalan cuáles son los principales mitos que enfrenta el Estado al tratar de implementar los servicios de la nube.
La llegada de la pandemia generada por el COVID-19 tuvo un impacto importante en el proceso de digitalización en el Estado Peruano. Esto debido a que varios de los servicios que se ejecutaban de manera presencial fueron reemplazados por los virtuales. Según información de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, de los 40 mil servicios que se brinda a los ciudadanos, cerca del 80% fueron digitalizados aportando velocidad, agilidad y eficiencia para brindar un mejor servicio al ciudadano.
Asimismo, según el Índice Mundial de Digitalización de las Naciones Unidas, Perú ha logrado escalar 12 posiciones a nivel global en el indicador de participación digital y 41 posiciones en el indicador de datos abiertos, entrando por primera vez en la calificación ‘very high’; es decir, de un alto desempeño en materia digital.
Según Juan Manuel Ferreyra, Territory Manager Goverment, Mining & Telcom de CANVIA, entre las principales ventajas que adquiere el sector público al transformarse digitalmente son la simplificación administrativa que se traduce en el ahorro de tiempo y acceso sencillo para el ciudadano, disposición de los servicios las 24 horas del día, desarrollo de un modelo de atención al ciudadano ágil y transparente que aumenta la confianza y mejora la imagen de los servicios de la administración pública.
Con dichas ventajas se permitiría suponer que, con el tiempo, más instituciones estatales sigan adoptando estrategias de transformación digital dentro de su ámbito de trabajo. Sin embargo, para ello es necesario desmitificar ciertas informaciones que no permiten que el crecimiento se mantenga de manera acelerada, principalmente para aquellas organizaciones que ven el uso de la nube como una herramienta necesaria para su proceso de digitalización.
Es por ello que, desde CANVIA y Amazon Web Services (AWS), se presentan cinco mitos recurrentes en el uso de la nube en el sector público que serán aclarados:
- Es ilegal llevar datos de entidades públicas a la nube. Falso. Existen unos lineamientos para el uso de servicios en la nube para entidades de la administración pública del Estado Peruano, emitidos en 2018, que explican cómo manejar la residencia de los datos, qué requerimientos son necesarios y los beneficios.
- El Estado no puede contratar la nube porque es “pago por uso”. Falso. El Estado cuenta con mecanismos para establecer presupuestos y así poder implementar el modelo del pago por uso, gracias al beneficio de la escalabilidad, que ofrece el servicio de la nube.
- El proveedor de nube pública podrá manipular mis datos. Falso. El cliente tiene control completo sobre el manejo de sus datos. El usuario cuenta con credenciales que le permite, solamente a ellos, acceder a la información, así como mecanismos de seguridad para encriptar los datos.
- Tener los datos en el data center es más seguro que en la nube. Falso. Todos los servicios que cuenten con acceso a internet tienen el riesgo de ser vulnerados. Por ello, la principal prioridad debe ser robustecer el servicio de ciberseguridad para la protección de datos.
- El modelo de la nube genera un lock-in para el Estado (incapacidad de reemplazar un proveedor). Falso. El Estado puede migrar sus servicios hacia cualquier proveedor bajo la modalidad de pago por uso, gracias a su escalabilidad, que permitirá almacenar la cantidad de datos que desee. Además, el proveedor no exige compromisos a largo plazo ni busca vender licencias que condicionen la relación en el tiempo.
Finalmente, CANVIA y AWS señalan que los servicios de la nube permiten guardar volúmenes prácticamente ilimitados de datos en su formato original. Asimismo, brindan flexibilidad para entregar servicios más eficientes y ágiles a los consumidores finales, lo que se transforma en una mayor rentabilidad financiera y operacional de las instituciones. “Integrar servicios como la nube permite a las instituciones públicas estandarizar tecnologías para una mejor integración e interoperabilidad entre los sistemas de diferentes entidades, monitorear la calidad de los servicios; así como, acceder a herramientas y capacidades de analítica de datos para mejorar la atención a los ciudadanos”, señaló, Ferreyra.
