Eduardo Salhuana afirmó que el dinero destinado a Petroperú se podría haber sido utilizado para afrontar otras prioridades.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, defendió el reciente decreto de urgencia 013-2024 que destina 750 millones de dólares en apoyo financiero a Petroperú. Indicó que no existe un marco legal que permita la quiebra de la empresa estatal, a pesar de las críticas de algunos sectores políticos que consideran innecesario seguir destinando recursos a la petrolera.
El titular del Minem señaló que la disolución de Petroperú no solo es inviable legalmente, sino que también generaría consecuencias económicas graves. “A veces, en el pueblo se dice que ‘por qué se le sigue dando plata’ o que ‘debe quebrar’. En primer lugar, no hay ley, no tenemos marco legal para quebrar la empresa”, agregó.
En palabras del funcionario, una eventual disolución de la compañía activaría de inmediato el cobro de las obligaciones financieras pendientes, que ascienden a más de 4 mil millones de dólares.
“Los bonistas por 3 mil millones y la deuda CESCE de 1 300 millones empezarían a cobrar al día siguiente del anuncio, y eso el país no lo puede permitir”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, cuestionó que el dinero destinado a Petroperú podría haber sido utilizado para afrontar otras prioridades, como los incendios forestales o la crisis de salud y educación en el país.
“Esos recursos se podrían haber destinado a proyectos productivos, a la atención de la sequía o la crisis hídrica en la Amazonía. Tenemos problemas graves y no hay capacidad operativa”, puntualizó.
