Por: Rodolfo Miranda – Socio Principal del Estudio Miró Quesada & Miranda
En el 2008 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1071 y con ello, se dio un gran paso en la comunidad arbitral peruana, pero no sólo a nivel local, sino que consolidó al país como una sede muy atractiva para arbitrajes internacionales.
El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos que evita tener que recurrir a instancias del Poder Judicial, donde se conoce que los plazos para obtener una sentencia firme son largos -8 y 10 años, principalmente por la gran carga procesal de los juzgados. Mientras que, el proceso arbitral dura un periodo de entre 12 a 24 meses, aproximadamente. Además, las partes, conjuntamente con el tribunal arbitral, fijan un calendario de actuaciones que determina la duración del proceso.
Tomando ello como consideración, todo cambio que desee efectuarse a nuestra normativa arbitral debe ser analizada con cuidado y debe ser materia de debate. Recientemente, el Ejecutivo ha formulado un proyecto de ley que propone cambios en materia arbitral, por lo que corresponde conocer hacia a donde apuntan dichos cambios.
Por ejemplo, uno de los motivos del cambio es optimizar el marco normativo alrededor de la ejecución de obras públicas, con la finalidad de evitar que se suspendan las mismas a causa de un litigio, logrando un descontento en la sociedad. Coincide con la reciente promulgación de la Ley 31589, que busca garantizar la reactivación de obras públicas paralizadas por determinado periodo de tiempo.
Otro aspecto que motivó cambios son las inscripciones de medidas cautelares y sentencias en los Registros Públicos del Perú. Es meritorio, la intención legislativa de buscar mayor transparencia y seguridad en las actuaciones arbitrales, lo que naturalmente responde a los últimos eventos de corrupción en materia arbitral, que confiamos puedan aislarse y no manchar lo que con gran esfuerzo se ha logrado a lo largo de los últimos años.
Al parecer estos cambios podrían generar una situación de protección del Estado. Sin embargo, corresponde realizar un amplio debate y analizar detenidamente las implicancias para el desarrollo del arbitraje y la igualdad para las partes; y que se intercambien opiniones entre los litigantes en materia arbitral. Precisar, que el Perú viene siendo uno de los país líderes en soluciones de controversias bajo este modelo. Este escenario tendría una razón: resolver las disputas ante la reducción de recursos y sobre todo plazos.
