Por Bárbara Rojas, encargada de marketing de StarkCloud.

En la actualidad, la Ley Fintech en Chile ha marcado un hito significativo en la regulación y uso de las monedas digitales, como las criptomonedas. Sin embargo, a pesar de este avance, queda mucho camino por recorrer, especialmente cuando observamos la evolución tanto de la banca tradicional como la digital en otros países. Si ponemos la mirada en Estados Unidos, donde el 40% de la población ya ha utilizado o posee cuentas en criptomonedas, y en Europa, con un 10% de adopción, es evidente que la tendencia global está marcando una nueva era financiera que aún no hemos abrazado del todo en nuestra región.

Resulta intrigante que en Latinoamérica, los países con mayor adopción de criptomonedas sean aquellos donde las economías han estado más vulnerables. Venezuela, El Salvador y Argentina presentan un uso que oscila entre el 10% y el 25% de su población. Este fenómeno no es casualidad; en estas naciones, las criptomonedas se han convertido en un refugio seguro para proteger el dinero y los activos en medio de crisis económicas y devaluaciones constantes.

En contraste, Chile, reconocido como uno de los países líderes en términos económicos en la región, muestra un nivel de adopción sorprendentemente bajo, ya que entre el 1% y 2% de la población ha tenido algún tipo de interacción con criptomonedas. No obstante, esta interacción no implica un uso habitual, sino más bien un primer acercamiento. Este dato nos lleva a reflexionar sobre el potencial de crecimiento que aún existe en el país. Con la implementación de la Ley Fintech y las necesidades actuales de diversificación financiera, las criptomonedas ofrecen una oportunidad inigualable para generar ingresos adicionales, aprovechar su rentabilidad y también para derribar barreras geográficas en transacciones, tanto a nivel individual y por qué no empresarial.

Un ejemplo interesante en la región es Panamá, donde, a pesar de que menos del 5% de la población utiliza criptomonedas, ya existen instituciones bancarias, como Tower Bank, que respaldan su uso. Este es un claro indicador de cómo la banca puede anticiparse a las tendencias y necesidades de las nuevas generaciones, quienes serán los usuarios del futuro y, de hecho, ya son los usuarios del presente. Estas generaciones, nativas digitales, muestran una adopción temprana de tecnologías financieras, prefiriendo a menudo las soluciones digitales sobre la banca tradicional, que aún está cargada de trámites y requisitos burocráticos.

Es esencial comprender que estas nuevas generaciones, al estar familiarizadas con la tecnología desde temprana edad, no sólo están más abiertas a adoptar criptomonedas, sino que también cuentan con una conciencia financiera más desarrollada. Este escenario apunta a un inevitable crecimiento en la adopción de criptomonedas en Chile y en toda Latinoamérica a medida que estas generaciones avanzan y consolidan su posición como principales actores económicos.

En resumen, la proactividad de la banca será crucial. Desarrollar productos financieros que respondan a estas nuevas necesidades antes de que se conviertan en una demanda urgente permitirá a las instituciones mantenerse competitivas y relevantes en un mercado que evoluciona rápidamente. No se trata solo de reaccionar ante las últimas tendencias, sino de anticiparse a ellas, creando soluciones que no solo satisfagan a los usuarios actuales, sino que también capturen a aquellos que están por venir.

El organismo demanda una reacción al Gobierno. 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) lamenta que, por la inacción del gobierno, se haya precipitado la renuncia unánime presentada por los miembros del directorio de la empresa estatal Petroperú, profesionales independientes y técnicamente calificados, que el 27 de agosto último, presentaron un plan serio que contenía alternativas como la quiebra, la liquidación o una reestructuración profunda que goce de credibilidad del país.

La insostenible situación financiera de la compañía, que fue advertida el 13 de mayo por los directores renunciantes, crea un clima de inestabilidad de la economía peruana, debido al impacto en el creciente déficit fiscal. A junio de 2024, la empresa registró pérdidas de US$ 452 millones; en febrero pasado, la empresa estatal recibió una garantía excepcional de US$ 1,300 millones mediante el Banco de la Nación, a fin de que pueda continuar operando y pague las deudas pendientes, y ahora se requieren US$ 2,200 millones para cumplir con sus compromisos, dinero que saldría del bolsillo de todos los peruanos.

Frente a la lentitud del gobierno de la presidente Dina Boluarte de tomar decisiones sobre este problema trascendental para el país, la CCL exige una respuesta inmediata, la cual fue solicitada desde el 28 de agosto último. Asimismo, la Cámara rechaza cualquier intento de nombrar a directores y funcionarios que no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para enfrentar la difícil situación de Petroperú.