Perú suma 23 casos de arbitrajes de inversión que seguirían al alza este año

  • Estrictas regulaciones en el sector extractivo y la oposición civil a proyectos crearían tensiones que elevarían el papel del arbitraje de inversión.
  • Este año, el Estado peruano obtuvo dos procedimientos arbitrales a favor y dos en contra.

En los últimos años, el arbitraje de inversión ha tomado relevancia entre los inversionistas para mitigar el riesgo país y asegurar sus finanzas en el Perú. Esta herramienta es crucial también en 2024, donde se han iniciado dos nuevos casos contra el Estado peruano, sumando ahora 23 casos pendientes de arbitrajes, según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Asimismo, este año se completaron cuatro procedimientos arbitrales donde el Perú obtuvo dos laudos favorables y dos en contra.

Regulaciones ambientales como foco de arbitrajes

El escenario político-social podría generar nuevos arbitrajes. La disminución de un 0,6% del PBI en el primer semestre de 2023 obligó al Ejecutivo a promover el desbloqueo de proyectos de minería e hidrocarburos. Sin embargo, actualmente el Perú está implementando políticas de energía renovable para reducir sus emisiones de carbono, subrayando los acuerdos de la COP-28. Según Hugo Forno Odría, asociado senior del equipo de Litigación y Arbitraje de Garrigues, el cumplimiento de estos compromisos ambientales podría suponer un aumento de regulaciones en el sector extractivo. Para el experto, esta coyuntura podría generar un foco de arbitrajes de inversión.

“Medidas regulatorias más estrictas y potenciales disturbios civiles contra proyectos de extracción provocarían tensiones, donde el arbitraje de inversión tomaría un papel fundamental”, advierte Forno Odría. No obstante, agrega que este contexto también podría brindar oportunidades para el desarrollo de proyectos en energía renovable y otros sectores con déficits, como infraestructura y telecomunicaciones.

El abogado sugiere que un comportamiento respetuoso del Estado frente a los procedimientos de arbitraje de inversión es clave. “Sería un factor decisivo para los posibles inversores en un contexto de impulso de proyectos en sectores altamente regulados”,