El presidente de Petroperú anunció la aprobación de ocho medidas clave para rescatar a la empresa estatal, incluyendo la reubicación del personal a Talara y la venta de activos no esenciales.
El economista Oliver Stark, presidente de Petroperú, anunció el lunes que el directorio de la empresa aprobó un conjunto de ocho medidas destinadas a sanear la firma estatal y demostrar un compromiso serio para su rescate. Estas decisiones surgen en respuesta a las declaraciones del ministro de Energía, Rómulo Mucho, quien afirmó en febrero pasado que la petrolera «está quebrada» y que su «recuperación es imposible» sin cambios estructurales en su gestión.
Entre las medidas adoptadas, destaca el abandono del edificio principal en la Av. Paseo de la República, en San Isidro, y el traslado del personal a Talara, donde se ubica el complejo de refinación de crudo.
Stark señaló que el traslado de todo el personal a Talara con un cronograma de mudanza ya ha sido aprobado.
“El último de los ocho puntos que hemos aprobado es trasladarnos todos a Talara y ver qué es lo mejor para este edificio. De repente lo mejor es concesionarlo para conseguir efectivo. O venderlo. No lo sabemos, pero ya se ha aprobado que procedamos con el traslado de todo el personal a Talara con un cronograma de mudanza”, aclaró.
La empresa también tiene planes para vender activos no esenciales, incluido el edificio central, con el objetivo de generar liquidez. Además, se ha previsto la contratación de una empresa restructuradora que gestionará Petroperú como un CEO privado, lo que implicaría adoptar medidas de eficiencia desde la asunción de esta entidad.
En un intento por abordar los problemas que han contribuido a la crisis financiera y operativa de la empresa estatal, Petroperú llevará a cabo una auditoría forense del proyecto de modernización de la refinería de Talara. Esta medida busca identificar responsabilidades y hallar las razones por las cuales el proyecto demoró diez años en ser construido y por qué costó casi tres veces más de lo inicialmente estimado.
El Gobierno también ha anunciado una reforma estructural en Petroperú, otorgando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mayor capacidad de decisión en la Junta General de Accionistas. Asimismo, se destinó un paquete de ayuda que incluía un préstamo de S$800 millones y una línea de crédito de US$500 millones respaldada por el Banco de la Nación. Sin embargo, el ministro José Arista descartó una nueva inyección económica tras la rebaja de la calificación de la firma por Standard & Poor’s.
La crisis financiera y operativa de Petroperú ha llevado a que la empresa estatal acumule una deuda superior a los 8.500 millones de dólares, mientras que su patrimonio total asciende a solo 1.645 millones de dólares, según informes recientes. Las agencias de calificación crediticia, como Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), han rebajado su calificación de deuda a largo plazo, reflejando preocupaciones sobre la solvencia de la petrolera.
La confianza en la empresa también se ha visto socavada por problemas de gestión y casos de corrupción. Una encuesta de Ipsos Perú para Perú21 revela que un 21% de los ciudadanos peruanos propone la liquidación de la empresa en caso de bancarrota, mientras que un 19% aboga por la venta de la Refinería de Talara a una empresa privada o extranjera.
Las medidas adoptadas por Petroperú, junto con las reformas impulsadas por el Gobierno, buscan abordar los desafíos que enfrenta la empresa estatal y sentar las bases para su recuperación. El futuro de Petroperú dependerá en gran medida de la efectividad de estas medidas y de su impacto en la confianza del público y los mercados.
