El Gobierno Regional de Arequipa tiene apuro por concretar la carretera Yarabamba-Cocachacra.
El hombre fuerte de la promotora de Tía María, Southern Peru Copper Corporation, Oscar González Rocha, pisó las instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el 9 de diciembre del 2023. Se trató de una reunión privada, que solo tuvo de testigos al gobernador regional, Rohel Sánchez, funcionarios y uno que otro consejero regional. “Me siento complacido de estar en Arequipa para firmar un nuevo convenio de cooperación institucional”, pronunció aquella vez.
El motivo del acuerdo: la ejecución bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI) de la carretera Yarabamba-Cocachacra. Una vía que, aún sin perfil técnico, se estima costaría S/ 398 millones. Usar OXI implica que una empresa financie una obra hasta su culminación. No es gratuito, ya que se le descontará sus impuestos a la renta de tercera categoría por el mismo monto. Mientras que la entidad pública pagará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta un 30% de su presupuesto del canon por año hasta cancelar esa deuda.
La iniciativa es impulsada por el GRA y, según la idea que registró en Invierte.pe, busca descongestionar el ingreso y salida a la ciudad y beneficiar a los que provengan y dirijan al sur, a regiones como Moquegua y Tacna. Pero hay voces que alertan que en el fondo solo se quiere beneficiar a Southern. Todas las propuestas de trazo de la vía parten en la Panamericana Sur cercanas al proyecto minero Tía María que retomó sus actividades.
El episodio del convenio, fue la antesala al comunicado de reiniciar trabajos para sacar adelante Tía María. Este proyecto minero de Southern no solo desata posiciones contrarias, también paros y hasta muertes. Al momento se ha egistrado la pérdida de seis civiles y un policía fallecidos en enfrentamientos. Su explotación fue postergada hace 13 años, por la oposición que genera en la zona, pero hoy cuenta con el espaldarazo del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Cada vez que buscan concretarla, los agricultores del valle de Tambo, la franja agrícola de la provincia de Islay, se levantan en protesta. Esta vez no es la excepción.
“Usted gobernador, entregó la carretera Yarabamba-Cocachacra sin venir a conversar con el pueblo. Primero debió venir acá a preguntar si la queríamos”, reclamó airada Marilú Marroquín a Sánchez, el 21 de julio último, en una reunión de autoridades. La ex presidenta de la Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo, sostiene que la intención real es evitar que Southern mantenga cualquier roce con pobladores de Tambo. “Es un proyecto con nombre propio (…) Simplemente es para que ellos puedan mejorar su salida y entrada y no se choquen con los pobladores del valle”, reafirma.
