En respuesta a la retirada de Ositrán, Jorge Danos señala que la inversión justifica la exclusividad otorgada a Cosco Shipping en el puerto de Chancay.
Recientemente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) anunció que decidió retirar la denuncia presentada ante Indecopi sobre la exclusividad concedida a Cosco Shipping Ports en el puerto de Chancay.
El abogado Jorge Danos, quien funge como asesor legal externo del proyecto Megapuerto de Chancay de Cosco Shipping y es especialista en Derecho Administrativo, ofreció una declaración acerca de esta retirada. Según el abogado, el operador del puerto de Chancay debería poseer la facultad de proporcionar directamente los servicios esenciales sin la intervención de terceros que no hayan invertido en la infraestructura portuaria.
Danos, en una entrevista concedida a Ampliación de Noticias de RPP, explicó que es el operador del puerto de Chancay quien tiene la capacidad de brindar dicho servicio o de contratar a un tercero para hacerlo.
«Estamos hablando de una empresa que ha invertido en el puerto, una empresa que ha asumido los riesgos del puerto, además de la actividad portuaria, por tanto, la idea es que ella pueda brindar directamente los servicios sin que haya otro que no ha invertido en el puerto y que diga ‘yo quiero brindar este servicio'», indicó Danos.
En 2021, mediante una Resolución de Acuerdo de Directorio, Cosco Shipping obtuvo la exclusividad para operar servicios esenciales como el practicaje y remolcaje en el puerto de Chancay. Estos servicios, según Danos, son cruciales para la actividad portuaria, ya que implican la navegación y el remolque de embarcaciones dentro de la infraestructura portuaria.
Adicionalmente, la comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que modifica los artículos 10 y 11 de la Ley 27943, del Sistema Portuario Nacional, con el fin de promover el desarrollo, modernización y competitividad de los puertos del país.
De acuerdo a Jorge Danos, este proyecto de ley, que aguarda debate en el pleno para ser efectivo, incluye disposiciones importantes para el sector portuario. En un marco legal, ofrece formalizar la posibilidad de otorgar exclusividad de servicios a puertos privados con titularidad pública mediante un procedimiento administrativo. Asimismo, menciona que también contempla la extensión de concesiones de 30 a 60 años para estimular las inversiones en el sector.