Las exportaciones no tradicionales peruanas, las de mayor valor agregado que representan casi el 30% de las exportaciones totales del país y generan más de cuatro millones de empleos, estarán en grave riesgo de perder mercados internacionales y de seguir en marcha si se elimina el régimen del drawback, el único mecanismo del Estado que permite a este sector enfrentar la competencia mundial con países del Asia y Centroamérica, que al operar zonas francas, tienen diversos incentivos fiscales y laborales.
El Procedimiento Simplificado de drawback a las exportaciones no tradicionales permite que las empresas peruanas puedan afrontar el incremento de costos internos y mantenerse operando en sectores como la agroexportación, agroindustria, textiles y confecciones, pesquería y acuicultura, madera, metal mecánica y siderúrgica, entre otras actividades productivas.
Los exportadores no tradicionales sufren una pérdida permanente de competitividad interna al asumir una inflación que ha llegado al 109% entre enero del 2000 y agosto del 2024, contra una devaluación que solo ha sido del 7.5%, mientras que otros países competidores devaluaron sus monedas, tal es el caso de Pakistán (437%), Colombia (112%), Indonesia (109%), México (106%), Vietnam (77%), Chile (76%) o Malasia (14%).
Adicionalmente, las empresas exportadoras deben asumir sobrecostos laborales, tributarios, informalidad, inseguridad ciudadana, déficit de infraestructura, además del inminente incremento de la remuneración mínima vital que terminan afectando el precio costo del producto exportado, sin que este pueda ser trasladado al precio final.
Todos los anteriores gobiernos han sido conscientes de esta realidad y mantuvieron este mecanismo a fin de que las empresas exportadoras no tradicionales sean competitivas y generen mayores puestos de trabajo formales.
Reconocemos la necesidad de generar más recursos fiscales, pero este proceso debe darse sin afectar a las exportaciones que son uno de los principales motores para el desarrollo del país, por ser generadoras de empleo formal, tributos, divisas y desarrollo de toda la cadena de proveedores.
Esperamos que el Gobierno tome una decisión sensata y, junto con el sector privado, se concentre en generar un mayor crecimiento con nuevas inversiones, destrabe de obras, simplificación administrativa, así como una lucha frontal contra la corrupción y las economías ilegales y criminales, además de la formalización del 75% de nuestra economía.
