La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) alerta sobre los efectos negativos que pueden generar a la inversión privada y la imagen del Perú la decisión tomada por autoridades administrativas respecto a proyectos de inversión privada para el desarrollo de infraestructura y servicios esenciales relacionados.
La inseguridad jurídica que ocasiona la demanda interpuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), a raíz de una actual decisión de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para que se declare nulo el acuerdo que su propio directorio tomó en el 2021 al otorgar a Cosco Shipping Ports la exclusividad de operaciones en el puerto de Chancay es una muy mala señal, no solamente para los agentes privados que vienen invirtiendo en el megapuerto, sino para cualquier otro inversionista. Más aún, en circunstancias en que nuestro país requiere seguridad jurídica para atraer las inversiones indispensables para nuestra recuperación económica, generación de empleo formal y crecimiento sostenible.
De acuerdo a lo informado por Cosco Shipping Ports, la exclusividad otorgada en el año 2021 originó una inversión inicial de 1,300 millones de dólares en obras de infraestructura que permitirán al Perú contar con el puerto más moderno en toda América Latina, destinado a convertirse en un hub regional que nuestros vecinos como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile pueden utilizar para llegar a Asia. Al final de las obras, la inversión total sería de aproximadamente 4,000 millones de dólares.
El megapuerto de Chancay, previsto para inaugurarse en noviembre, mes en el que Perú recibirá a los jefes de Estado de las principales economías del mundo en el marco de la APEC, generará miles de puestos de trabajo, tendrá un positivo impacto económico y social en la región, y dinamizará nuestro comercio internacional, especialmente nuestras exportaciones con valor agregado, al reducir significativamente el tiempo y las operaciones logísticas que demanda el transporte de nuestros productos hacia Asia.
Además, es importante tener en cuenta que se tiene prevista la creación de una zona económica especial donde se instalarían empresas de nivel mundial para fabricar productos con valor agregado destinados al mercado de exportación, lo cual generaría aún más puestos de trabajo calificados en el Perú.
Invocamos a las autoridades nacionales que correspondan a garantizar la seguridad jurídica que requiere una inversión para beneficio de todo el país, dando una solución integral y definitiva a esta desafortunada decisión de la APN que pone en riesgo una de las inversiones más significativas realizadas en el país durante las últimas décadas, en particular, al desarrollo de las nuevas etapas de este importante proyecto.
Trabajemos conjuntamente el estado y el sector privado para propiciar las condiciones orientadas a generar empleo, reducir la pobreza y posicionar a nuestro país en el lugar que se merece en el Pacífico Sur.
