Una reforma progresiva no solo requiere un enfoque de recaudación, pues también debe considerar el contexto económico y político de cada país, según especialistas de Lantidadd. Actualmente, solo Honduras lidera cambios fiscales estructurales del sistema tributario en la región.
La discusión sobre la reforma fiscal en América Latina ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en torno al debate sobre el impuesto a los superricos. Aunque esta medida se considera un paso en la dirección correcta, no aborda los problemas estructurales de la progresividad fiscal, según declaraciones de Jorge Coronado, especialista de la Comisión Nacional de Enlace (CNE) de Costa Rica.
Durante la Conferencia “Justicia Económica, Social y Climática para América Latina en un mundo al borde de la Guerra”, organizada por Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, que se realiza en Lima, Coronado reveló que este impuesto, que se aplicaría a personas con un patrimonio superior a mil millones de dólares, afectaría a sólo 121 individuos en la región, lo que no resolvería la falta de progresividad en el sistema tributario.
Coronado destacó que las élites económicas de la región contribuyen proporcionalmente menos que los consumidores y los trabajadores. Esto se debe a que las reformas fiscales suelen centrarse en gravar a los trabajadores formales, dejando a las élites con una carga tributaria menor. Esta situación refleja un desafío común en la región, donde la estructura fiscal no logra equilibrar la carga impositiva de manera justa.
Desde 1996, Brasil ha implementado una política fiscal que exime de impuestos a todos los dividendos distribuidos por las empresas brasileñas. Esta medida, según Florencia Lorenzo, investigadora de Tax Justice Network (TJN), ha permitido que muchas personas se enriquezcan, mientras que el país enfrenta desafíos en su sistema tributario. Lorenzo subraya la necesidad urgente de una reforma para abordar estas desigualdades.
Lorenzo destaca que cada intento de discutir estas ventajas se convierte en una ardua batalla en el Congreso brasileño, conocido por su carácter conservador. Esta posición, reveló, dificulta la implementación de cambios que podrían equilibrar la carga fiscal entre las grandes corporaciones y el resto de la población.
Por su parte, Silvia Ayala, congresista de Honduras, precisó que la presentación en su país de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), la cual busca abordar la escasez de recursos para financiar sistemas de protección social y combatir la pobreza, ha superado el primer y segundo debate en el Congreso. Falta el tercero.
El proyecto de ley ha generado controversia, ya que las “ventajas” fiscales han favorecido únicamente a un pequeño grupo de familias. Este desequilibrio ha sido señalado por el sector empresarial como una competencia desleal. Para Ayala, toda exención debería tener una fecha de caducidad, pero esto no se ha implementado debido a acuerdos entre la élite empresarial y política.
Miguel Ángel Rodríguez, representante de CedeTrabajo-Colombia, afirmó finalmente la necesidad de cambios estructurales que contemplen tanto el contexto económico como el político. Colombia enfrenta una inestabilidad tributaria y jurídica debido a la frecuencia de reformas fiscales implementadas por los gobiernos en poco tiempo.
Rodríguez subraya que para que una reforma fiscal sea exitosa, es esencial contar con un proyecto de país que defina hacia dónde se quiere dirigir Colombia en el contexto mundial. Sin embargo, critica que los gobiernos no han logrado consolidar un plan de este tipo. Según él, la política tributaria es simplemente una política más dentro del espectro gubernamental, pero debe ser abordada con una visión más amplia y estratégica.
Además, Rodríguez señala la importancia de capturar los flujos financieros ilícitos, que están vinculados a fenómenos como el narcotráfico, delitos de comercio y corrupción. Estos flujos representan una pérdida significativa de recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo del país.
