Los agricultores del Valle del Tambo recurren a la vía legal para frenar el proyecto Tía María, denunciando la falta de un Estudio de Impacto Ambiental vigente y la amenaza a su derecho a un ambiente sano.
El conflicto alrededor del proyecto minero Tía María, ubicado en el Valle del Tambo (Arequipa), ha tomado un nuevo giro. Los agricultores locales han interpuesto una demanda de amparo contra la empresa Southern Perú Copper Corporation y las autoridades ambientales, alegando que el proyecto pone en riesgo su derecho a un ambiente sano y equilibrado. La demanda busca detener el avance del proyecto, que, según los denunciantes, carece de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente, un requisito fundamental para su ejecución.
Esta acción legal ha sido impulsada con el respaldo de organizaciones sociales como Red Muqui, CooperAcción y FEDEPAZ. La demanda se suma a una serie de protestas que desde el 17 de febrero de 2025 han paralizado la zona, exigiendo la protección de su actividad agrícola y el modo de vida local frente a lo que consideran los peligros de la minería en la región.
¿Un proyecto sin licencia social ni EIA vigente?
Tía María es un proyecto minero que ha generado polémica durante más de 15 años. El EIA aprobado en 2014 perdió vigencia en septiembre de 2019, según la Ley N° 27446 y su reglamento, lo que ha elevado las preocupaciones de los agricultores. La zona del Valle del Tambo es vital para la agricultura, que depende del río Tambo y los frágiles ecosistemas de las Lomas de Achay. La falta de un EIA actualizado ha incrementado los temores de que la explotación minera cause daños irreparables al medio ambiente, afectando directamente los recursos hídricos y la producción agrícola.
Tensiones tras el anuncio de la construcción
A pesar de la oposición local y la falta de un EIA vigente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció en marzo que la etapa de construcción del proyecto Tía María comenzaría entre agosto y septiembre de 2025. Este anuncio ha intensificado las tensiones en la región, donde los agricultores y organizaciones sociales sostienen que no se ha respetado la voluntad de la población, ni se han cumplido los requisitos legales para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
Desde la consulta vecinal de 2009, en la que más del 90% de los habitantes votaron en contra de la minería en su territorio, el rechazo al proyecto ha sido constante. Además, los conflictos sociales han dejado una serie de episodios de represión, con ocho muertos, numerosos heridos y dos dirigentes encarcelados.
Demanda de amparo en curso
La demanda de amparo será presentada por defensores locales como Miguel Meza, Policarpio López, Juan Apaza, Martín Juárez, Juan Orado y Martha Manrique, en representación de los pobladores del Valle del Tambo. Los demandados incluyen al Servicio Nacional de Certificación de Inversiones Sostenibles (Senace), el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la empresa Southern Perú.
Este viernes 28 de marzo se llevará a cabo una rueda de prensa en la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se detallarán los pormenores de esta acción legal y la situación actual en el Valle del Tambo. En la conferencia participarán los defensores locales, voceros de la comunidad y representantes de la sociedad civil como David Velazco (FEDEPAZ) y Rodrigo Lauracio (Red Muqui), quienes seguirán luchando por los derechos ambientales y la protección de la región frente a los intereses mineros.
