“El ordenamiento y gestión territorial forma parte de una visión mayor en la planificación del desarrollo, por eso se ha convertido en una política de Estado que busca impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente que asegure el desarrollo humano en todo el territorio nacional. Este proceso se basará en el conocimiento y la investigación de la excepcional diversidad del territorio y la sostenibilidad de sus ecosistemas, en la articulación intergubernamental e intersectorial, así como en el fomento de la libre iniciativa pública y privada”, indicó Naldi Carrión, profesora de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad ESAN.
La especialista agregó que el crecimiento de nuestra población y consiguiente ocupación del territorio no ha tenido una orientación adecuada, por lo que no solo resulta desordenada, sino que también promueve que no se vincule adecuadamente con los recursos que su entorno presenta; ocasionando un desequilibrio territorial que conlleva indefectiblemente a una degradación ambiental.
Caso opuesto dijo, son Uruguay y Costa Rica, países que han progresado mucho en estos procesos, haciendo que no solo presenten una mejor conservación de sus recursos y apliquen mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, sino que además han alcanzado casi al 100% una transición hacia fuentes energéticas renovables.
Para la docente de la Universidad ESAN, el estudio y gestión del territorio conlleva no solo a conocer las características biofísicas de un país, sino también los arreglos sociales, culturales y económicos que son primordiales, ya que cuando no se cuenta con una gestión adecuada del territorio no se conocen a fondo sus características y se toman decisiones sin base teórica-práctica.
“Necesitamos contar con información, tener capacidad de análisis para la toma de decisiones y comunicación hacia la población. Por ejemplo, sí bien nadie en el mundo conocía como gestionar la pandemia, la falta de gestión de la información, como en el caso de acceso a medios de conservación de alimentos, nos llevó a desconocer las necesidades de abastecimiento de nuestra población, haciendo inmanejables ciertas actividades básicas de seguridad alimentaria. También propició tomar decisiones inadecuadas en las actividades económicas y sociales que debían mantenerse activas, así como en las que debieron ser prioridad para reactivarlas en el proceso del levantamiento de restricciones. Sin conocimiento de nuestras potencialidades y limitaciones seguiremos sin tener datos que nos permita hacer prospecciones adecuadas”, aseguró.
Asimismo, Carrión explicó que entre los diferentes instrumentos territoriales se impulsa el conocimiento de los peligros y vulnerabilidades para estimar los riesgos a los que estamos expuestos y plantearnos las maneras de hacerles frente. Además, nos permite poder implementar sistemas de información multisectorial clave para el monitoreo constante, prospectivo y correctivo, permitiendo la gestión de medidas previas, así como la atención de la emergencia.
“La evaluación y análisis no solo nos ayudará a hacerle frente a las consecuencias del cambio climático, sino también a aprovechar estos tipos de cambios irreversibles. Aquí por ejemplo se enlaza a la importancia de planificar nuestra transición hacia el uso de fuentes energéticas sostenibles, como lo está haciendo Chile con la búsqueda de aprovechar al máximo la energía solar. Esto nos ayudará como país a alcanzar las metas al 2030”, puntualizó.
Finalmente, la experta afirmó que todos los instrumentos de gestión territorial son estratégicos para planificar nuestro desarrollo, enfocado por la generación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) regionales que pueden impulsar por ejemplo, inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que nos convierta en un país más competitivo, priorizando inversiones hacia el cierre de brechas tanto en: conectividad, agua y saneamiento básico, como en la gestión de tenencia de tierras. Esto contribuirá a combatir la informalidad y la corrupción, promover una buena gobernanza y aportar así a las diferentes iniciativas de desarrollo que se tienen en el país, como al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), aprobado el 2019.
