Por: Washington Lopez CEO de Washington Capital.
En el 2020, la pandemia obligó a los gobiernos a implementar políticas económicas agresivas con el objetivo de que sus economías puedan salir rápidamente de la fuerte recesión. En el Perú una de esas medidas, fue permitir a las personas retirar gran parte de sus ahorros de jubilación y de esa manera, compensar la pérdida de liquidez del momento por las pérdidas de puestos de trabajo y menores ventas de las empresas.
En 2024, Perú sale de una recesión económica en el 2023, provocada principalmente por las protestas de corte político, las cuales generaron pérdidas valorizadas en 300 millones de soles. Al mismo tiempo, los fenómenos climatológicos también contribuyeron a los malos resultados. Para contrarrestar lo anterior, el gobierno reaccionó con programas de créditos como Punche Perú 1 y 2, Unidos y este 2024 con un decreto de urgencia.
Por su lado, el BCRP detuvo su política alcista de tasas e inició un ciclo de reducciones desde septiembre del 2023, en su búsqueda de incentivar el consumo y las inversiones, considerado el retroceso fuerte que tuvo la inflación hasta su rango meta (1%-3%).
Es en este contexto que surge la propuesta de un nuevo retiro de fondos de las AFP. La aplicación de lo establecido en el PL 6566, generaría que alrededor de 6 millones de afiliados al SPP retiren fondos de su CIC, lo que implicaría una salida potencial de alrededor de S/ 29.5 mil millones.
Este año, las personas que retirarán lo harán bajo un contexto económico y político marcado por la incertidumbre, motivadas una vez más por la búsqueda de mejores rendimientos, pero también con un componente especulativo significativo.
De aprobarse este séptimo retiro en el pleno, luego de ser aprobado en la comisión de economía, se proyecta que adicionalmente cerca de 1.5 millones de afiliados se queden sin fondo de pensiones, con lo cual menos de la mitad de los actuales afiliados (3.5 millones) contaría con alguna protección para la vejez.
A propósito de este alarmante dato, la situación de estas personas se pondrá cuesta arriba en el intento de reconstruir sus fondos y contar con una pensión que les brinde protección para su jubilación. A efectos prácticos, es como si estuviesen recién iniciando su vida laboral, pero con un horizonte de ahorro con menor plazo. Dentro de los más afectados están aquellas personas con edades que fluctúan entre los 45 y 55 años.
