La instalación de industrias en suelos no aptos podría poner en peligro a las comunidades.
La reciente expansión de la zonificación I3, destinada a industrias de gran escala, ha generado serias preocupaciones en diversos sectores del país debido a los riesgos asociados con su posible implementación ilegal en áreas urbanas y agrícolas. Aunque esta medida tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico en el Perú, también plantea desafíos ambientales y sociales que deben ser considerados.
Al respecto, Alberto Beingolea, asesor legal de ARIS destacó que el marco legal en el país establece parámetros claros sobre el uso de suelos. Sin embargo, advirtió que la instalación de industrias en suelos no aptos podría poner en peligro a las comunidades y generar contaminación ambiental significativa. “En el caso de la zonificación es viable, siempre y cuando la empresa interesada cumpla con lo que indica la ley. De no hacerlo, el impacto podría ser devastador a corto plazo”, señaló.
Un caso emblemático de esta problemática es lo ocurrido en el distrito de Salas-Guadalupe, donde la municipalidad de Ica, con una votación dividida (siete votos a favor y seis en contra) aprobó el cambio de zonificación de una zona originalmente agrícola-industrial a una de gran industria I3. Esta decisión ha encendido alarmas debido a los graves riesgos que representa para la comunidad y el medio ambiente. Actualmente, el proceso está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades.
Ante esta situación, diversos expertos y organizaciones instan a las autoridades a reforzar la supervisión y garantizar que las decisiones de zonificación se realicen de manera transparente y responsable. “Las inversiones industriales, nacionales o extranjeras son bienvenidas, porque favorecen el desarrollo económico del país, pero claro, esto es siempre y cuando se respeten los entornos, las características y usos de cada territorio y, por ende, la ley”, acotó el ejecutivo.
Es importante resaltar que en el Perú existen 197 mil 307 empresas formales, de las cuales el 98.9% (195123) son MYPE y el 1.1% restante (2184) pertenece a la mediana y gran empresa.
